Bonig se mantiene firme. La presidenta regional del PP se reafirmó ayer en el criterio adoptado por su partido desde su llegada ante los posibles casos de corrupción. Tras borrar a las primeras de cambio las controvertidas líneas rojas de Alberto Fabra al frente del partido y de la Generalitat, Bonig defendió ayer que un político debe permanecer en su cargo hasta que se le abra juicio oral. «Automáticamente cuando se imputa a un cargo del PP, se abre un expediente informativo y, según la gravedad de los hechos y de las pruebas aportadas, se puede acordar su suspensión cautelar o no», explicó la dirigente, quien subrayó que «sólo cuando hay una apertura de juicio oral esa persona tiene que abandonar su cargo». Finalmente, continuó, si hay condena «el PP lo expulsa» y si no «se le reintegra con todas los derechos y obligaciones». Así se pronunció respecto a las recientes imputaciones de los diputados Jorge Bellver y Víctor Soler y la del exalcalde de Gandia Arturo Torró.
Bonig cambia el criterio implantado por Fabra, quien defendió con la oposición de parte de su partido que una persona imputada tenía que dejar su cargo. «Alberto Fabra en el Gobierno adoptó un criterio que es muy respetable y que yo no criticaré, pero yo tengo otro», explicó la sucesora de Fabra al frente del PP regional durante su visita al grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Alicante.
Bonig, eso sí, insistió a la vez en argumentar que su criterio ya se aplicó la pasada legislatura en las Corts. «Los diputados que abandonaron las Corts tenían abierto juicio oral. Nosotros pedimos aplicar nuestro Estatuto Nacional y lo pactado en el Congreso», añadió Bonig.
