Una de las áreas en las que el nuevo Consell se está esforzando por desatascar asuntos pendientes es en la de la antigua Conselleria de Bienestar Social, hoy llamada Políticas Inclusivas. Además de consignar nuevos recursos para las ayudas a la Dependencia, el departamento que dirige Mònica Oltra ha ampliado la partida presupuestaria destinada a la renta garantizada de ciudadanía, esas ayudas que se entregan a las familias en riesgo de exclusión social.

En estos primeros 90 días de gobierno, se ha ampliado la partida para esta aportación de emergencia en 1,5 millones, un gasto que se aprobó en uno de los primeros plenos del Consell, con lo que los fondos pasan de los 20,6 millones presupuestados para este 2015 por el anterior Consell a 22,16 millones.

Con todo, con ese dinero apenas se ha podido incluir en el programa de la renta garantizada a 800 familias más. Quedan por atender cerca de 13.200 solicitudes, que se encuentran en lista de espera desde febrero de 2014, con un retraso de 16 meses y un importe estimado que supera los 31 millones, según señaló la propia vicepresidenta en sede parlamentaria hace una semana. «Buscaremos la dotación y el personal necesario, reforzando la actual plantilla de seis trabajadores, con un plan de choque temporal para hacer frente al colapso», prometió.

Este asunto, el de las ayudas de emergencia, se encuentra en el ADN del «rescatem personas» sobre el que se ha basado la política de Compromís en los últimos años hasta llegar al gobierno. De momento, la conselleria ha cambiado ya la política que el anterior Consell impuso para conceder estas ayudas. Sólo pagaba una vez se tramitaban los expedientes, un plazo que, como se ha visto, puede prolongarse durante más de un año. La ley decía en su redacción original que la ayuda debe comenzar a abonarse al mes siguiente de su petición. Un cambio legal del PP le permitió demorar el pago. Ahora, en aplicación de una sentencia, el bipartito pretende comenzar a pagar desde que se formaliza la petición de la renta.

En la C. Valenciana unas once mil familias reciben esta renta mínima garantizada, que oscila entre 385 y 621 euros, según el número de integrantes de la familia. Otras 13.200 familias, según datos del Consell, continúa a la espera.