27 de septiembre de 2015
27.09.2015
Corts

El PSPV pide una comisión que investigue las plazas a residencias de la tercera edad

La diputada Concha Andrés asegura que se trata de "cincuenta residencias, veinte de las cuales estaban relacionadas con la familia Cotino y con el empresario Ortiz"

27.09.2015 | 16:46

El PSPV en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición para la creación de una comisión de investigación, a ser posible en el plazo de un mes, sobre las adjudicaciones a residencias de la tercera edad llevadas a cabo durante los años de gestión del PP.

Según ha señalado el grupo socialista en un comunicado, no es la primera vez que intenta poner en marcha esta comisión sobre el que denomina 'modelo Cotino', dado que en la anterior legislatura esta iniciativa fue "rechazada por los votos en contra del PP".

La diputada socialista y portavoz de Bienestar Social, Concha Andrés, ha explicado que la intención de su formación es "aclarar las adjudicaciones" que se llevaron a cabo desde la Conselleria de Bienestar Social de plazas de residencia de accesibilidad.

En concreto, se trata de "cincuenta residencias, veinte de las cuales estaban relacionadas con la familia de Juan Cotino y con el empresario Ortiz", ha apuntado.

Andrés ha apuntado que "eso nace de un concurso impulsado desde Bienestar Social durante la etapa de Rafael Blasco en el que se barajaba la posibilidad de adjudicar hasta 6.000 plazas de residencias", y que "se adjudicaron en mayor parte a empresas relacionadas con la construcción, no a empresas que ya estaban años trabajando en el sector de la tercera edad".

La diputada socialista ha recordado que el PSPV ha solicitado "de forma reiterada" explicaciones respecto al procedimiento seguido para estas actuaciones, sobre todo "porque se daban unas condiciones extraordinarias, de privilegio".

En ese sentido, ha afirmado que un 33 % de estas plazas debía destinarse a estas residencias, bajo el epígrafe de accesibilidad.

"Además, lo extraño de este asunto es que, siendo Cotino conseller, se modificaron las condiciones, lo que supuso que la preferencia de cobertura de estas plazas se pasa al 100 % y se incrementó la duración del contrato a 25 años", ha asegurado.

Andrés ha destacado que, "mientras esto sucedía, había residencias públicas que se estaban cerrando, como sucedió en Benetússer, en Alicante o Benicassim", al tiempo que ha dicho que estas residencias tenían un coste-plaza superior a otras que eran públicas o gestionadas por otro tipo de entidades sin ánimo de lucro.

"Consideramos que esta situación es gravemente irregular, porque por una parte estaba la preferencia en la concertación de las plazas, por otra el precio más caro y, en tercer lugar, también tenían preferencia de pago, puesto que la Generalitat pagaba antes a estas residencias, lo que supone otro privilegio añadido", ha aseverado.

Según ha calculado el PSPV, cada una de estas residencias cobraba 58 euros por plaza los 365 días del año, lo que, "dado que se adjudicaron alrededor de 1.600 plazas, que se tenga constancia, estarían cobrando unos 33 millones de euros anuales.

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