La sensación de impunidad instalada en Administraciones del PP en los últimos veinte años llegó al extremo de que, cuando las instituciones europeas comenzaron a poner en solfa el descontrol y excesos en la gestión de los fondos públicos „una función que debía haber desempeñado, entre otros órganos, la Intervención General del Estado„, la respuesta del expresidente Francisco Camps fue independizarse simbólicamente de Europa. Las banderas de la UE se descolgaron de edificios de la Generalitat, entre ellos, el Palau. Hasta tal punto llegó el menosprecio que incluso el foco que iluminaba el asta donde debía ir la enseña europea no proyectaba luz. Se estropeó y nadie lo reparó. El nuevo Ejecutivo ha repuesto las banderas de la UE. También tendrá que apechugar con un pesado lastre en forma de multas y condenas a restituir los recursos públicos impuestas por la Comisión y que superan los 300 millones por asuntos que van desde la manipulación del déficit a irregularidades en ayudas agrarias o la resolución que ha supuesto la condena al cierre de Ciudad de la Luz.
Ésta fue, precisamente, la primera reprobación europea con consecuencias económicas directas. En julio de 2014, la UE declaró ilegales los 265 millones invertidos por el Consell en el «Hollywood del Mediterráneo» impulsado por Zaplana y Camps. La decisión ha forzado la venta mediante una subasta (pendiente) de los estudios para que la firma devuelva al Ejecutivo los fondos recibidos. El Consell podría recuperar unos 90 millones. Se habrían tirado 175, aunque el desastre que supone el desmantelamiento de los estudios, proyectados como foco de atracción del sector audiovisual, tendrá un coste superior. Una amenaza similar se cierne sobre el aeropuerto de Castelló, al que Bruselas ha abierto expediente por el contrato de la gestora canadiense Lavalin (ver al lado).
Para el tejido industrial valenciano son las decisiones más graves. Pero políticamente la sentencia más dura es la que en julio condenó al Reino de España por la manipulación del déficit que los Consell del PP realizaron al esconder miles de millones en facturas en los cajones. Las prácticas contables de la Generalitat emborronaron la imagen de España, que tuvo que elevar sus números rojos remitidos a Europa, en la primera condena por el déficit tras los nuevos poderes otorgados a la UE a raíz del engaño de Grecia. Previo al fallo, inspectores de la UE visitaron varias veces España y la C. Valenciana, e interrogaron a los responsables y a los auditores públicos. La sanción, de 18,93 millones, la quiere endosar ahora el Gobierno de Rajoy al nuevo Ejecutivo de Ximo Puig.
Esta misma semana se conoció otra sanción de la CE. Esta vez por irregularidades en la gestión de las ayudas del programa de cítricos y frutas y hortalizas entre 2007 y 2011. La concesión de subvenciones aplicando erróneamente la normativa o la ausencia de medios para controlar los fondos motivan la sanción. El Consell espera que el año que viene le impongan otra, de entre 12 y 15 millones, por los mismos hechos de los ejercicios siguientes.
La legislación urbanística
A estos casos se añade el que afecta a siete equipos de fútbol, entre ellos, el Valencia CF, el Hércules y el Elche por los avales recibidos. Mucho antes que estos expedientes, la UE ya puso patas arriba la política urbanística del Consell que le ha llevado al precipicio del estallido de la burbuja inmobiliaria. Bruselas impuso la reforma de la ley urbanística, con visitas previas de europarlamentarios censurando al Consell. Dicen que fue entonces cuando Camps se hizo euroescéptico. Y arrió la enseña de la UE.
