28 de septiembre de 2015
28.09.2015
Investigación parlamentaria

Puig: "Se abre un nuevo tiempo para la reparación a las víctimas tras el desprecio del pasado"

El presidente asiste a la constitución de la comisión del metro - La socialista Sandra Martín, presidenta; Ponce (Compromís), vicepresidente, y Ortiz (PP), secretaria

28.09.2015 | 17:11

Tras el paripé de la primera comisión de investigación sobre el trágico accidente del suburbano de Valencia ocurrido en 2006, que se sustanció después de solo cinco días efectivos de trabajo, con el listado de comparecientes impuesto por el PP y con el amaño de respuestas entre los intervinientes, esta mañana ha iniciado su andadura en las Corts Valencianes la segunda investigación parlamentaria, reclamada insistemente durante nueve años por las familias de las víctimas y por la hasta las elecciones de mayo pasado oposición. Por sorpresa, ha acudido a la constitución del nuevo órgano el mismo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha llegado acompañado por el titular de las Corts, Enric Morera. Todo un exponente de la importancia que el nuevo Gobierno da al foro parlamentario.

En la sesión, se ha designado a una diputada del PSPV, Sandra Martín, como presidenta de la comisión investigadora, mientras como vicepresidente ha resultado elegido Juan Ponce (Compromís) y, como secretaria, a la popular Eva Ortiz. Tras concluir el acto, el presidente Puig ha subrayado que se trataba de una jorrnada importante porque es "un día de la recueración de la dignidad". "Debe ser un nuevo tiempo para la reparación del desprecio con que se ha tratado a las víctimas en la Comunitat Valenciana", subrayó el titular de la Generalitat. Según recalcó, el transporte público "ha de garantizar la seguridad de las personas", por lo que "el perdón a las víctimas era exigible desde el principio", algo a lo que se negó durante nueve años el Consell del PP. Por eso insistió: "Este debe ser un nuevo tiempo para el perdón y la reparación".

La presidenta de la comisión, Sandra Martín, en sus primeras palabras a los comisionados, dijo esperar, citando a la presidente de la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J), Beatriz Garrote, que los trabajos sirvan para "contribuir a devolver la dignidad a las víctimas". Martín ha agradecido la elección y ha dicho que es un "honor, después de nueve años, recibir" este mandato del pleno de las Corts. Reclamó a los parlamentarios que trabajen "con rigor y profundo respeto, porque lo que vamos a tratar es algo muy lamentable, muy triste y en el que muchas y muchas familias siguen sufriendo". Concluyó haciendo votos por que los comisionados puedan "aportar toda la luz" que puedan para ayudar a esclarecer los hechos,

En la nueva comisión investigadora no solo se abordarán –sin cortapisas para los grupos- las causas del accidente, sino también la trama para cerrar supuestamente en falso el caso amañando las declaraciones, así como para acallar voces críticas con promesas de puestos de trabajo o favores desde la Administración.

Martín, abogada de Alicante (auque curiosamente nacida en Rabat, Marruecos) y vicesecretaria general de los socialistas alicantinos, es una parlamentaria seria y con fama de estricta, como lo demostró con sus cortantes comentarios como presidenta de la Comisión de Coordinación a la senadora Rita Barberá cuando ésta compareció el pasado 16 de julio para presentar sus credenciales al cargo.

La comisión arranca con una polémica sobre la mesa: El anuncio de Ciudadanos (al que se ha apuntado el PP) de solicitar la comparecencia de la jueza que instruye el caso, Nieves Molina, así como la fiscal de la primera instrucción y que pidió el archivo de la causa, Asunción Calvo, tal como adelantó Levante-EMV. C´s quiere que la magistrada explique algunas cuestiones que no tiene "claras" de esa primera instrucción en la que solo se llamó a un testigo, un perito de Adif designado por la misma jueza. Los socialistas ya han avanzado que se oponen al entender que la petición es ilegal ya que los jueces están amparados por la ley para preservar su independencia. De hecho, La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) impiden expresamente la posibilidad de que jueces y fiscales sean citados a declarar por motivo de sus funciones

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