La Comunitat Valenciana fue la la segunda autonomía de España con más desahucios en 2014, la tercera en el primer trimestre de 2015 y suma un total de 82.278 desalojos desde 2008. Sin embargo, esta situación comenzó ayer a dar un giro que pretender ser de 360 grados con un objetivo claro: ser un territorio libre de desahucios. Sin embargo, y aunque queda mucho camino por recorrer, ayer comenzó una hoja de ruta que pretende cambiar de forma radical los datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios en la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio convocó ayer a todos los agentes implicados en los desahucios con el objetivo de establecer unas líneas de trabajo que impidan que el impago de las cuotas de la hipoteca o el alquiler acaben en los juzgados.
De esta forma, y en la misma mesa se sentaron por primera vez doce entidades bancarias „Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, BBVA, Bancos Santander, Ibercaja, Caixa Popular, Cajamar, Caixa Rural, Kutxabank, UCI y Banco Primus„; organizaciones ciudadanas „la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y Amnistía Internacional„; agrupaciones profesionales „los colegios de Abogados, Registradores, Administradores de Fincas, Notarios y Agentes de la Propiedad„ organizaciones sindicales (CC OO, UGT e Intersindical) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Y es que, aunque el quid de la cuestión pasa por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, la Generalitat Valenciana ya se ha puesto manos a la obra para elaborar un protocolo de actuación con dos líneas de trabajo: la prevención y la búsqueda de alternativa habitacional, si no se puede impedir el desahucio.
150 desahucios paralizados
«Más vale prevenir que curar», afirmó ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras explicar que desde el Consell se han podido parar «150 desahucios del parque público de vivienda a través del diálogo». Esa también es la clave para al consellera de Vivienda, María José Salvador. «El objetivo de esta mesa es tanto la elaboración de la Ley de la Función Social de la Vivienda como la puesta en marcha de medidas de choque ya que la Generalitat solo dispone de 700 inmuebles para vivienda pública y están en muy malas condiciones», afirmó Salvador.
Por ello, en la reunión todos los agentes sociales implicados interpelaron a los bancos a que pongan a disposición del Consell las viviendas que tienen vacías. Y por primera vez, las entidades bancarias se mostraron dispuestas a trabajar en esta línea, a prestar información anticipada sobre las situaciones de impago y a realizar moratorias para evitar desalojos en la vivienda habitual. Sin embargo, estas primeras ideas se desarrollarán en reuniones posteriores de la mesa de trabajo.
