La Abogacía de la Generalitat recomendó a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que impidiera la difusión del vídeo de la primera visita de la consellera María José Salvador a FGV y que acabó en polémica por el tiempo que tardó el exgerente Pablo Cotino en recibirla. La letrada alega que la difusión de la cinta vulneraría la Ley de Protección de Datos con respecto al tratamiento de imágenes personales con fines de vigilancia a través de cámaras.
La abogada de la Generalitat argumenta que «el responsable de los datos, aun cuando debe dar acceso al diputado solicitante, deberá adoptar las medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos, evitando su alteración o tratamiento». Además añade: «el diputado al que se dé acceso, debe observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las imágenes de la grabación solicitada, sin que en ningún caso pueda darles publicidad o hacerlas pública de modo alguno».
Este informe es el que ampararía a la consellera para pedir a al diputado del PP Alfredo Castelló que firmara un documento de confidencialidad para no difundir el vídeo, hecho que fue muy criticado por los populares y muy habitual en el anterior Consell.
