Al igual que sucede con la afición desmesurada al sexo, la corrupción tiene un fuerte componente genético, pero las circunstancias sociales o legales pueden ser propicias o alejar la tentación. Si los mecanismos de fiscalización y especialmente los de control del gasto no hubieran fallado difícilmente se habría producido la presunta corrupción que ha salpicado la gestión de Imelsa, que tuvo de gerente a Marcos Benavent, implicado en la trama de presunto cobro de comisiones en administraciones gestionadas por el PP. El nuevo equipo de gobierno provincial, que encabeza Jorge Rodríguez, ha hecho de la necesidad virtud e implantará un modelo de gestión ejecutiva en la empresa pública que ayuda a prevenir corruptelas: la cogerencia con firma mancomunada para pagos superiores a los 18.000 euros. La decisión, que hoy será aprobada en el consejo de administración de la mercantil, responde al pacto de gobierno entre PSPV y Compromís, al que luego se incorporaron EU y València en Comú. Se acordó nombrar a dos cogerentes, uno por cada partido, pero tras una primera interpretación de los estatutos de la empresa, se entendió que sólo admitían la fórmula del gerente (José Ramón Tíller) y la vicegerente (Agustina Brines).
Finalmente, se ha considerado que el modelo de dos cogerentes es legal y se igualará en competencias a los dos responsables de Imelsa. Ambos podrán autorizar pagos por debajo de 18.000 euros, pero para cantidades mayores se impone la firma mancomunada. De haber existido esa gerencia compartida, Marcos Benavent por si solo no habría podido autorizar pagos hasta por servicios no realizados, como es el caso de la facturación falsa de la empresa Flying Tigers por unos trabajos ficticios de 60.445 euros para Imelsa en Llutxent. Con tope de gasto y obligación de firma mancomunada, no habría sido posible que un director general de RTVV, como Pedro García, hubiese pagado 7,4 millones a Teconsa, firma pantalla de Gürtel, para la cobertura audiovisual de la visita del Papa.
