La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mònica Oltra acaba de desbloquear las ayudas a cerca de 30 víctimas de violencia machista que en los últimos años se han encontrado con la negativa de la administración autonómica. El motivo: mantener alguna deuda en materia tributaria o frente a la Seguridad Social.
Se trata de unas ayudas contempladas en la ley integral de violencia contra las mujeres, de 2004, que fija unas rentas para estas mujeres necesitadas de apoyo. Van con cargo a los Presupuestos del Estado, aunque las concede cada autonomía. No son ayudas de tipo compensatorio sino auténticas redes de subsistencia, diseñadas específicamente para mujeres con unos requisitos que las sitúan en riesgo de exclusión.
Personas cuyos ingresos no superan los 481 euros (el 75% del mínimo interprofesional), con familiares a su cargo, con especiales dificultades para conseguir un empleo, etc. Además, la ayuda está concebida para mujeres que, sin lugar a dudas, tienen la condición de víctima de violencia machista, con una sentencia condenatoria firme contra el agresor, la correspondiente orden de protección dictada a su favor y un certificado de inempleabilidad, según especifica la ley de 2004 en su apartado de ayudas sociales (artículo 27).
Sin embargo, algunas víctimas valencianas se han encontrado con la negativa de la Generalitat. La administración ha venido aplicando a estas prestaciones el régimen general de la ley de subvenciones, que obliga al beneficiario a estar al día con Hacienda para poder acogerse a ellas.
Con esta tesitura se encontraron los nuevos gestores de Políticas Inclusivas. El servicio de prevención de violencia y atención a las mujeres tenía registrados desde 2012 cerca de una treintena de «ayudas denegadas por no acreditar estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social». A la vista de los últimos acontecimientos, enmendar la situación era cuestión de voluntad política.
La directora del Institut Valencià de les Dones, Anaïs Menguzzato, solicitó el pasado 4 de agosto, tras la primera reunión de seguimiento de estas ayudas, un informe a la Abogacía de la Generalitat acerca de la naturaleza jurídica de esta renta: ¿es subvención o no? Y los servicios jurídicos han dado el visto bueno. Se consideran un derecho subjetivo por su fundamento constitucional, con un desarrollo legal propio y sin remisión a la Ley General de Subvenciones, señala el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV. Ni siquiera la orden de Bienestar Social que desarrolla las ayudas en el ámbito autonómico, señala la Abogacía, hace mención a la Ley General de Subvenciones.
Víctimas de la crisis
Además de la violencia machista y la burocracia, este grupo de mujeres ha sido víctima de la crisis. La negativa se ha producido en 28 casos. La mayoría de ellos (27) a partir del año 2012. Hasta entonces solo hubo uno. Es decir, que ha sido precisamente en la etapa más dura de la crisis, al aparecer los impagos de impuestos, cuando esta casuística se ha disparado.
«Si han dejado de pagar no es por maldad, sino por necesidad», defiende Menguzzato. La responsable lamenta «la falta de interés» del anterior Consell, tras ver cómo «año tras año» esta ayudas pemanecían paralizadas. «Sin autonomía económica no hay igualdad. Pero, además, cuando hablamos de víctimas de violencia machista las estamos condenando a volver a casa con el agresor. Era urgente ponerle solución», concluye.
