«Ni gente sin casa, ni casas sin gente». Este lema, que ha sonado con fuerza en las manifestaciones y protestas de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros colectivos, resume el objetivo que ahora persigue la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Y es que la Generalitat Valenciana está decidida a realizar un cambio «radical» en la política de vivienda «que ha sido inexistente durante los últimos 20 años» para conseguir que el derecho a la vivienda «sea real». Para ello, la conselleria trabaja en la redacción de la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda —que proporcionará un nuevo marco jurídico que llegará a las Corts Valencianes en 2016— junto al denominado «consejo asesor» formado por la PAH, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana, la Federación de Municipios y Provincias, Aministía Internacional y los colegios de Abogados y Registradores.

Los datos de la Comunitat Valenciana no dejan lugar a dudas: 83.000 desahucios desde 2007, 500.000 viviendas vacías y un parque público en alquiler que no llega al 0,5%. Por ello, la hoja de ruta de la conselleria se centra ahora en elaborar un registro de viviendas vacías para saber, exactamente, cuantos pisos deshabitados hay y a quien pertenecen. Y es que la conselleria está decidida a realizar una política de vivienda centrada en el alquiler. Para ello, trabaja en la realización de distintos mecanismos para que estas viviendas sean ocupadas.

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De esta forma, la consellera de Vivienda, María José Salvador anunció ayer la elaboración de distintos mecanismo «para incentivar» a aquellos particulares que decidan poner sus pisos a disposición de la Generalitat para alquileres sociales. «Habrá diferentes fórmulas. Una de ellas puede ser que la conselleria asuma el pago de un seguro de la vivienda. De esta manera, el temor de muchos propietarios de que sus pisos resulten dañados estaría resuelto. Habrá otros incentivos pero aún es pronto para anunciarlos porque, aunque estamos abordando esta ley con celeridad, acabamos de empezar», explicó Salvador. Otra cosa son las viviendas vacías propiedad de los bancos. En primer lugar, la Generalitat «invitará» a las entidades financieras a que cedan, de forma voluntaria, sus pisos para alquiler social. Sin embargo, si los bancos se niegan «habrá sanciones, siempre con carácter subsidiario, porque no vamos a permitir que existan pisos vacíos y gente con necesidad de vivienda en la calle».

Desde PAH Valencia aplaudieron la iniciativa aunque recalcaron que, «si no se cambian las leyes estatales, el campo de actuación es muy restringido».