Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, es rotunda: «No se puede hacer con nadie más lo que se ha estado haciendo con esta niña». Su postura no es maximalista. Más bien, contemporiza con el sentir mayoritario. «La ley de nuestro país no recoge la eutanasia, que tendría muchos condicionantes y habría cosas muy injustas si no fuera muy clara. Pero en casos en los que no hay nada que hacer, en los que sólo hay que esperar a que una persona se muera y si no tiene alimentación y tratamientos externos no va a vivir, sino sólo sufrir, esto debe acabarse. No tiene que ser un juez quien determine quién vive y quién muere, sino que debe ser un comité de bioética», opina.

La asociación representada por Carmen Flores es partidaria de una reforma legislativa que regule la muerte digna. En cambio, se opone «a lo que pasó en el Hospital Severo Ochoa», donde en 2005 hubo una oleada de muertes de pacientes terminales con sedaciones elevadas . «Hay que pedir permiso y consentimiento expreso de la familia si el paciente no puede decidir. La decisión de desconectar a una persona no puede ser unilateral de un médico. La familia lo ha de solicitar o estar de acuerdo con el médico que la propone por el bien del paciente», afirma Flores.

Pero insiste: casos como el de Andrea «no deben ser la excepción ni algo noticiable, sino que todas las familias que se encuentren en un estado como éste han de tener la seguridad de que su ser querido no va a sufrir más de lo que ya habrá sufrido».