07 de octubre de 2015
07.10.2015
Sanidad

El Gobierno ve inconstitucional la atención sanitaria del Consell a los inmigrantes "sin papeles"

La consellera responde que la asistencia integral es "irrenunciable" y que no se puede "mercadear" con el acceso a la salud

07.10.2015 | 02:38
El Gobierno ve inconstitucional la atención sanitaria del Consell a los inmigrantes "sin papeles"

El pasado 24 de julio se aprobó el decreto ley valenciano que garantiza una asistencia integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa, de si cuenta o no con permiso de trabajo o residencia, o si son ciudadanos nacionales o extranjeros. Sin embargo, los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado ahora discrepancias a varios artículos de este decreto al estimar que pueden ser inconstitucionales.

De hecho, el Gobierno ha solicitado que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat con el fin de buscar una solución que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en los tribunales, según un escrito del Gobierno. En ese documento, el Ejecutivo expone que el decreto ley en cuestión «puede incurrir en extralimitación competencial».

La norma devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con la prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

El Gobierno expone que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y de las prestaciones básicas en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública. Así, en ejercicio de sus competencias de bases de Sanidad, el Estado ha aprobado una ley del Sistema Nacional de Salud (SNS), que estableció los requisitos para ser asegurado y beneficiario, la cartera común de servicios, las prestaciones de salud pública y la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica.

Por ello, el Gobierno considera que el decreto ley, cuyo fin es garantizar el acceso a las prestaciones del SNS a los extranjeros en situación administrativa irregular, «vulnera la competencia estatal», ya que la determinación de las condiciones para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y su contenido básico corresponde «exclusivamente» al Estado.

Para el Gobierno, también suscita «controversia» la «adecuación a la normativa estatal» de los apartados del decreto que señalan que para acceder a las prestaciones sanitarias habrá que cumplir requisitos como estar empadronado en algún municipio de la Comunitat.

Sobre los artículos del decreto que regulan las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, ortoprotésicas y de salud pública, el Gobierno opina que «incurren en inconstitucionalidad», porque la definición del ámbito objetivo de la materia «Sanidad» corresponde al Estado, y las prestaciones a que tienen derecho los asegurados las ha establecido también el Estado.

El Gobierno también considera que puede haber motivos de incompatibilidad con la ley del SNS en los artículos relativos a la solicitud, el documento de identificación, la asignación de médico y los supuestos de exclusión y fin de la validez de la acreditación.

Ni un solo paso atrás
Y la respuesta de la Generalitat Valenciana no se hizo esperar. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, afirmó ayer que la atención sanitaria integral entendida como derecho fundamental de toda persona es un principio «irrenunciable» para el Gobierno valenciano, y alertó de que «con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea».

Es más, aseguró que la Conselleria no contempla «negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad» y que la norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial en País Vasco y Navarra.

El Consell aprobó el decreto ley para «resolver» en la Comunitat Valenciana «el problema creado por el Gobierno de Mariano Rajoy» con el decreto 16/2012, que excluyó de la asistencia sanitaria normalizada a colectivos como las personas migrantes en situación irregular. De hecho, el Consell insistió en que es este decreto el que se debe derogar.

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