El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha comprometido a tener a los agentes sociales permanentemente informados sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno para conseguir una mejor financiación de la Comunitat Valenciana, unas inversiones proporcionales al peso demográfico de esta comunidad (11%), así como el reconocimiento de los 12.433 millones de deuda histórica, infrafinanciación, acumulada con el modelo ya caducado (2002-2014). Puig ha prometido dar "cuenta permanentemente" de los avances a través de una comisión de seguimiento que se creara adrede. Lo ha dicho en el transcurso de la firma del manifiesto por una mejor financiación, que ha tenido lugar en el Palau en cumplimiento del mandato de las Corts Valencianes.
Representantes sindicales, empresariales y de las universidades valencianas han firmado, junto con el presidente Puig, el acuerdo para acabar con la discriminación de los valencianos votado ayer en las Corts por unanimidad. El acto de firma de este acuerdo se ha celebrado en el salón de Corts del Palau de la Generalitat.
El manifiesto ha sido firmado por el presidente, y por los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Gonzalo Pino y Paco Molina, respectivamente, el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González, y los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
Todos ellos han coincidido en destacar "la importancia" de este pacto y han animado a trabajar a partir de ahora para que el mensaje llegue a todos los foros, dentro y fuera de esta autonomía, mientras que Puig se ha comprometido a mantener esta reivindicación gobierne quien gobierne tras las elecciones generales del 20 de diciembre.
El manifiesto, que ha sido leído por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, reclama al Gobierno una "reforma inmediata" del sistema de financiación autonómica con efectos del 1 de enero de 2014 que permita a los valencianos alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de autonomías.
Se reclama el reconocimiento del déficit de financiación acumulado desde que se transfirieron las competencias a esta autonomía, cifrado en al menos 12.433 millones de euros entre 2002 y 2013, así como la definición y establecimiento de mecanismos de compensación de ese déficit.
También se piden unas inversiones estatales en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana, y que se compense, en todo caso, la insuficiencia inversora de los últimos años.
Puig ha subrayado "el fuerte simbolismo" de este acuerdo, ha agradecido a todos el esfuerzo y la voluntad por alcanzarlo y ha asegurado que esta reivindicación no es una cuestión "identitaria" ni de "victimismo", sino "de justicia y de cumplimiento de la Constitución y de la Lofca".
Reivindicativos gobierne quien gobierne
El presidente ha reconocido que "no será fácil" lograrlo porque es necesario "romper muchas inercias", pero ha pedido a todos "la misma voluntad reivindicativa" sea cual sea el gobierno tras las elecciones del generales del 20 de diciembre.
El secretario general de UGT-PV, Gonzalo Pino, ha considerado que se trata de "un buen punto de partida" y ha instado a trabajar en las instituciones e incluso "en las calles y plazas" para lograr una mejora de la financiación. El máximo responsable de CCOO-PV, Paco Molina, apeló a la responsabilidad y a la pedagogía para llevar este acuerdo "a buen puerto".
El presidente de Cierval, José Vicente González, ha calificado de "feliz" el día de hoy y de "imprescindible" el acuerdo y se ha comprometido a pedir a los empresarios valencianos que introduzcan en todas sus conversaciones "el argumentario" a favor de que la reivindicación de la Comunitat es "justa y conveniente".
En nombre de las cinco universidades, el rector de la Miguel Hernández, Jesús Pastor, ha dicho que tras este "importante" acuerdo toca "ponerse a trabajar" de forma "tenaz y persistente" para que el mensaje valenciano llegue y sea defendido "en todas partes".
