La consellera de Vivienda, María José Salvador, planteó ayer a representantes de once entidades financieras el compromiso e que no desahucien a personas especialmente vulnerables hasta que entre en vigor la Ley valenciana de la Función Social de la Vivienda.
A la reunión en la sede la conselleria acudieron responsables de Bankia, Caixabank, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander, Ibercaja, Caixa Popular, Cajamar Caixa Rural, Kutxabank, UCI y Caixa Ontinyent, según informó la Generalitat en un comunicado.
Salvador insta a las entidades que pertenecen a la Mesa para la Prevención de Desahucios a que establezcan una moratoria de desahucios en primera vivienda hasta que se apruebe la Ley en las Corts y también pidió que «agoten todas las vías de negociación».
En el documento entregado ayer a las entidades bancarias también se ha especificado que deben comprometerse a colaborar, mediante un interlocutor con la Mesa para la Prevención de Desahucios, de todas aquellas situaciones de impago que puedan suponer «un riesgo para la pérdida de la vivienda habitual del deudor».
El objetivo es que se «pongan en marcha todos los canales de mediación para encontrar una solución al problema» y paliar la grave situación en la que se encuentran las personas que han perdido o tiene grave riesgo de perder su vivienda habitual.
Desde la Conselleria de Vivienda también se ha solicitado a las entidades financieras que «ofrezcan aquellas viviendas de las que dispongan para ser destinadas como alquiler asequible y alquiler social», en el marco del Fondo Social de Vivienda y de acuerdo con los convenios que suscriba con la Generalitat.
El pasado 29 de septiembre, la Conselleria constituyó la Mesa de Prevención de los Desahucios para establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones «efectivas» en las situaciones como consecuencia del sobreendeudamiento o dificultad para hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda habitual.
