12 de octubre de 2015
12.10.2015

La Audiencia critica en otro auto el "erróneo posicionamiento" de la jueza del metro y la obliga a aceptar más diligencias de la Fiscalía

Instrucción 21 deberá solicitar un informe pericial de dos expertos en seguridad ferroviaria y un dictamen de la Inspección de Trabajo

12.10.2015 | 11:50

La seción segunda de la Audiencia de Valencia corrige en un tercer auto el «erróneo posicionamiento» de la jueza que investiga el accidente del metro y obliga a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia a solicitar varios informes reclamados por la Fiscalía de Valencia.

El auto, hecho público hoy por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) obliga a la jueza instructora a solicitar un informe pericial de dos expertos en seguridad ferroviaria, un dictamen de la Inspección de Trabajo sobre si se cumplió la normativa de riesgos laborales en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y otro informe del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) sobre el siniestro.

El nuevo auto, suscrito por los magistrados José Manuel Ortega Lorente, Maria Dolores Hernández Rueda y Sandra Schuller Ramos (esta última como ponente) apuntala otra resolución hecha pública la semana pasada en la que también obligaba al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia a solicitar a FGV un informe sobre prevención de riesgos laborales y a citar al Inspector de Trabajo que ya elaboró un dictamen, para que pueda ser interrogado por las partes.

La nueva resolución de la sección segunda de la Audiencia de Valencia también incluye varias cargas de profundidad contra la instrucción realizada por la jueza Nieves Molina. Los Fiscales Adoración Cano y Vicente Torres argumentaban en el recurso que ha sido admitido a trámite que «no puede considerarse acreditado que el único hecho relevante para determinar la causa del accidente sea la conducta del maquinista fallecido, conduciendo al doble de la velocidad permitida en el tramo donde se produjo el descarrilamiento». El Ministerio Público también defiende que «no se puede descartar la relevancia penal de otras conductas distintas a la del maquinista del tren siniestrado, que requieren ser investigadas para el esclarecimiento de los hechos».

Al respecto, la Audiencia de Valencia apoya las tesis de los fiscales y le recuerda que «si no existiesen indicios de otros posibles ilícitos penales distintos a la conducción del maquinista no se habría acordado la reapertura del procedimiento y la imputación de varios responsables de de FGV».

Los magistrados de la sección segunda advierten a la titular del Juzgado de Instrucción 21 que con su negativa a aceptar las diligencias solicitadas «obvia la relación entre las muertes y lesiones que se produjeron en el accidente, el descarrilamiento del tren y los distintos factores que pudieron contribuir al descarrilamiento, factores que resultan de dudable interés para la investigación, entre los que que ocupa un lugar destacado las condiciones de seguridad de la Línea 1».

Por último, también introducen una crítica nada velada a la orientación que la jueza ha dado a la instrucción. «La instructora reduce, hasta hacerla prácticamente desaparecer, la perspectiva ex ante en favor de la perspectiva ex post, concluyendo a partir de este erróneo posicionamiento que en la fecha de los hechos no era previsible un descarrilamiento por exceso de velocidad y, por tanto, no se pudieron tomar las precauciones adecuadas».

El hecho de que los maquinistas de FGV no alertaran de los riesgos existentes en la curva del accidente del 3 de julio, un dato al que se acoge Instrucción 21 para denegar la petición de informes de la Fiscalía, tampoco es aceptable para la Audiencia de Valencia porque «se estaría derivando toda la responsabilidad en materia de seguridad a los maquinistas, eximiendo a su vez a quienes deberían haber previsto los riesgos».

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