El 8 de noviembre de 2011 entró en vigor la prórroga generalizada de los programas de actuación integrada (PAI) aprobados durante el boom del ladrillo. La medida urgente, aprobada por decreto-ley, permitió que todos los proyectos urbanísticos «en ejecución» pudieran «suspenderse de forma temporal, total o parcial, por un plazo de dos años, prorrogable por otros dos años, como máximo». Esta pausa en la actividad urbanizadora podían iniciarla los ayuntamientos «de oficio, o a instancias de los propietarios de suelo o urbanizadores». Y podía aprobarse por «causas justificadas de interés público o viabilidad económica de la actuación».
El fin de esa prórroga comenzará a hacerse efectiva a partir del próximo 8 de noviembre. Aunque no se trata de un final tajante, en plan «el apocalipsis de los PAI». Según la Conselleria de Vertebración del Territorio, «cada ayuntamiento inició los trámites en un momento determinado y son esos plazos concretos municipales los que marcan el final de esa prórroga». Aunque el hecho de que se cumplan ahora los cuatro años de la entrada en vigor de la medida «urgente» marca el pistoletazo de salida para comenzar a plantearse qué hacer con todos los PAI en suspenso, desde que el estallido de la burbuja inmobiliaria ralentizara a la fuerza la fiebre urbanizadora.
La conselleria competente en el área de urbanismo desconoce a día de hoy cuántos PAI han entrado «en pausa» durante los últimos cuatro años. De facto, todos, debido al parón inmobiliario. Aunque el acuerdo de suspensión tenía su trámite administrativo: un plazo de información pública de quince días. Y la obligación de justificar la suspensión y sus condiciones: «plazo previsto y posibles prórrogas, medidas a adoptar para conservar las obras ejecutadas, un estudio económico y medidas sobre los derechos de los propietarios y terceros afectados, o en las cargas, costes de urbanización y garantías pagadas».
Hayan o no tramitado los ayuntamientos esta prórroga, sobre la mesa queda la enorme patata caliente sobre qué hacer con los 2.000 planes urbanísticos aprobados entre 2003 y 2012, según la cifra admitida por la anterior Conselleria de Territorio en 2013. El problema es que la mayoría de estas actuaciones reclasificaron 10.446 hectáreas de suelo rústico en urbanizable, sin que estuviera previstas en los planes generales municipales. La mayoría de ayuntamientos usaron la fórmula legal de «los planes parciales modificativos de la ordenación estructural» [o la famosa «homologación» prevista en la antigua Ley Reguladora de la actividad urbanística (LRAU)]. Un auténtico coladero para las reclasificaciones masivas que fueron la clave, para muchos expertos, del desorden urbanístico y muchos de los casos de corrupción.
La Conselleria de Vertebración de Territorio pretende enfocar este problema a través de los «instrumentos de planificación territorial supracomarcales o metropolitanos» que facilitará el trabajo a los ayuntamientos que quieran «desclasificar» (volver a rústico) el suelo reclasificado a urbano durante el boom del ladrillo.
Los instrumentos de planificación que facilitarán la digestión urbanística
La digestión urbanística de los dos mil planes urbanísticos tramitados bajo el paraguas de dos leyes urbanísticas (y una tercera distinta actualmente en vigor) no va a ser sencilla. La actual consellera de Vertebración de Territorio, Maria José Salvador, adelantó en las Corts que activará los instrumentos de planificación territorial a nivel supracomarcal y metropolitano para ordenar este desaguisado. De hecho, pretende dotar a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (que marca el crecimiento de los próximos 30 años y está en vigor desde enero de 2011) del «valor normativo vinculante para que constituya la verdadera base del planeamiento municipal». Y aprobar planes aparcados como el nuevo Patricova, el Plan de protección de la huerta o del litoral.
