La Generalitat y el Gobierno central colaborarán para agilizar las pruebas en investigaciones sobre agresiones sexuales, de manera que éstas puedan ser practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia en lugar de tener que ser remitidas a Barcelona, como ocurre en la actualidad.
Así lo recoge el convenio de colaboración firmado hoy entre el ministro de Justicia, Rafael Català, y la consellera del área, Gabriela Bravo, en la subdelegación del Gobierno en Valencia, donde han estado acompañados por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Morales.
Català ha explicado a los periodistas que con este convenio, el Ministerio, a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, dependiente de él, ofrece a la Comunitat "todas las capacidades técnicas en materia de periciales, pruebas y elementos de análisis que puedan servir" para un mejor funcionamiento de la Justicia.
"Ponemos a disposición de la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana las capacidades técnicas que existen en el ámbito general del Ministerio de Justicia, y en el Instituto de Medicina Legal situado en Barcelona por proximidad geográfica", ha añadido el ministro.
Ha explicado que el convenio se pone en marcha "inmediatamente", pues no tiene plazo de entrada en vigor sino que abre "una línea de colaboración para que desde la Comunitat puedan pedir la colaboración de forenses y expertos del Ministerio que puedan ayudar en la práctica de periciales".
Ha señalado que se trata de un convenio "muy técnico" pero que va permitir que "todos los asuntos que tiene que ver con la práctica forense tengan una mayor rapidez en su resolución".
Català ha destacado que se trata del segundo convenio que el Ministerio firma con la Comunitat en pocos días, después de que hace dos semanas se firmara otro para financiar proyectos de mejora de la justicia, de innovación tecnológica y de financiación de la asistencia jurídica gratuita, con una dotación de 860.000 euros.
La consellera de Justicia, por su parte, ha destacado que este acuerdo permitirá acortar plazos en materia de periciales referidas a la agresiones sexuales, pues las primeras pruebas podrán hacerse en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, en lugar de remitirlas a Barcelona como ocurre en la actualidad.
Bravo ha dicho que aunque la prueba final todavía tendrá que ser revisada en Barcelona, el convenio permite "adelantar mucho", ya que evita "los plazos que corren" teniendo que enviar las primeras pruebas a Barcelona para que luego sean devueltas.
Asimismo, ha avanzado que desde la Conselleria se trabaja para dotar a la máquina que realiza estas pruebas periciales de los mecanismos necesarios para que éstas puedan practicarse directamente en el instituto valenciano.
"Vamos a intentar que este año sea posible", ha afirmado la titular de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien ha asegurado que el dinero necesario para ello "no es ninguna barbaridad" y es "asumible" por la Conselleria, pese a las dificultades económicas.
Tras la firma de este convenio, el ministro de Justicia ha impuesto las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Éstas ha sido entregadas al presidente del Colegio de Graduados Sociales de Valencia y del Consejo Autonómico Valenciano, Ricardo Gabaldón; al presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Eugenio Sánchez Alcaraz; al fiscal de Menores de la Fiscalía Provincial, Salvador Ramón Canet Merino (a título póstumo), y a la exjuez de Paz Dolores Llopis.
Ricardo Gabaldón ha agradecido el reconocimiento en nombre de todos los condecorados, mientras que el ministro ha resaltado que se distingue a personas que han trabajado cada día durante años en pro de la justicia y del servicio público, desde diferentes ámbitos del derecho.
