Uno de las pocas decisiones que adoptó la comisión paripé del accidente del metro de 2006 fue aprobar una Ley Ferroviaria y crear una Agencia de Seguridad del Transporte. Nunca llegaron a ver la luz. Los anteriores responsables de infraestructuras alegaron «razones presupuestarias» para no poner en marcha la entidad que velara por la seguridad ferroviaria, a pesar de haber sufrido el accidente de metro más grave de la historia de España. La prometida Ley Ferroviaria no pasó de un título en la Ley de Movilidad, en vigor desde abril de 2011.
La aprobación de la ley y la agencia de seguridad ferroviaria fue una de las reivindicaciones que la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) reclamó a todos los partidos políticos el 4 de mayo. La Conselleria de Obras Públicas puso ayer la primera piedra de este compromiso al constituir la comisión de expertos que redactará el anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria y la agencia que velará por ella. Un dato importante es que, según la consellera Maria José Salvador, éste organismo de control será «autónomo e independiente». Antes de dos años estará el anteproyecto.
La titular de Obras Públicas -y presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)- también destacó que ninguna autonomía ha legislado hasta ahora sobre seguridad ferroviaria, aunque sí disfrutan de leyes propias Andalucía, Cataluña y el País Vasco. El nuevo texto pretende incluso ir «más allá» de los requisitos de la directiva europea sobre seguridad ferroviaria de 2004, según Salvador. Sobre las posibles dificultades económicas para poner en marcha la futura Agencia de Seguridad Ferroviaria, la consellera aseguró que «se trata de una cuestión de prioridades. Antes no se creó por motivos económicos, cuando se gastaron 100 millones en la Fórmula 1. Nosotros tenemos claro en qué gastar el dinero».
La comisión de expertos estará presidida por la jefa del servicio de seguridad y ordenación del transporte, Pilar Álvarez, e incluye a Ángel García de la Bandera (gerente de FGV), el profesor de Ferrocarrils de la Politècnica, Ricardo Insa, Teresa Font Giménez, Jefa del Servicio de Planificación; Sergio Escrig, especialista en legislación de la conselleria, y Elísabet Guijarro, técnico jurídico del Servicio de Seguridad y Ordenación del Transporte.
