La Audiencia de Valencia ha dado un vuelco definitivo a la investigación sobre el accidente del metro al obligar a la Abogacía de la Generalitat a abandonar la causa. Un cuarto auto de la sección segunda ha decidido «expulsar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) -representada por el abogado de la Generalitat- por carecer en este momento de la necesaria legitimación procesal». Una decisión que se suma a los otros tres autos de la misma sala en los que corrige el enfoque que ha dado la jueza a la instrucción (instándola a que analice el "antes" de la Linea 1 y no sólo el después y dirima otros posibles responsables penales a parte del maquinista) y la obliga a practicar más pruebas y citar a dos peritos más para que sean interrogados.

Los magistrados Jose Manuel Ortega Lorente, Maria Dolores Hernández Rueda y Sandra Schuller Ramos (ésta última como ponente) aceptan los argumentos del abogado de una de las víctimas personadas, Virgilio Latorre, quien solicitó al juzgado de Instrucción 21 que expulsara al letrado de la Generalitat, en septiembre de 2014. La jueza del 21 se negó porque consideraba «legitimada la presencia de FGV en el procedimiento como responsable civil subsidiario y varios afectados han manifestado que ejercitan tanto la acción civil como penal».

Pero la Audiencia de Valencia vuelve a enmendar la plana al juzgado de instrucción 21 y le recuerda que en la actual investigación no se dirime ninguna responsabilidad civil. Entre otras cosas porque a las víctimas ya las indemnizó la Generalitat. Y en la causa abierta se decide la posible responsabilidad penal por los 43 fallecidos en el accidente del 3 de julio de 2006 pero no las responsabilidades civiles (indemnizaciones) que ya se asumieron.

Éste era, precisamente, el argumento esgrimido por el abogado Virgilio Latorre para solicitar la expulsión del letrado de la Generalitat. «La Abogacía de la Generalitat no puede ser defensa, porque no hay responsabilidad civil declarada, y, si fuera acusación, lo sería en fraude procesal al realizar tareas de defensa» de los tres imputados.

«Permanente indefinición»

La Audiencia alude a esta anómala situación en el auto que expulsa al abogado de la Generalitat. «La intervención de FGV hasta el momento se ha visto beneficiada de la permanente indefinición de la postura procesal con la que venía interviniendo». Sin embargo, para los magistrados de la sección segunda «no se puede equiparar, sin más, la condición de FGV con la de los imputados en la causa, por más que éstos fueran empleados suyos».

Antes de aceptar la personación de la Abogacía de la Generalitat, la jueza debería haber abierto una pieza separada en la causa del metro, «sin perjuicio del objeto principal de la instrucción», donde FGV podría haber solicitado la práctica de pruebas para dirimir su responsabilidad civil, aunque éste no ha sido el caso. De ahí que los magistrados de la sección segunda hayan decidido «expulsar a FGV de la causa, por el carácter accesorio de la figura del responsable civil subsidiario, la menor relevancia de los intereses en juego de FGV, no equiparables al interés de los imputados, y en aras de la siempre deseable agilización del proceso».

Tras reabrirse la investigación, la Abogacía de la Generalitat ha estado presente en todos los interrogatorios y ha sido parte activa de la instrucción, pero para oponerse a las peticiones que realizaban las víctimas y la Fiscalía. Incluso llegó a pedir que se anularan las tres imputaciones de los ex directivos de FGV. Durante todo el proceso también se ha posicionado junto a las defensas de los tres imputados y siempre ha solicitado a la Audiencia de Valencia que rechazara los recursos presentados por la Fiscalía y las víctimas del metro. El abogado de la Generalitat incluso se reunió con los abogados de dos de los imputados, algo que nunca ha hecho con los de las víctimas.

«Ha obstaculizado la investigación»

La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) consideró la expulsión del abogado de la Generalitat «una muy buena noticia. No es de recibo, que la Generalitat actuara como defensa de la empresa cuya gestión ocasionó la muerte de 43 personas, obstaculizando la investigación que podría poner en evidencia esa gestión y establecer la responsabilidad penal de los dirigentes de FGV en esas muertes».

La Avm3j lamenta que «los abogados de la Generalitat se hayan dedicado a defender los intereses de FGV, impidiendo que se investigara cualquier causa que pudiera señalar como responsable a alguien que no fuese el conductor». Cuando, defiende la Avm3j, «la Generalitat debe representar a todos los valencianos y valencianas, no sólo a los directivos de FGV que se podrían ver salpicados por su responsabilidad en la muerte de 43 personas, y las heridas de otras 47».