Las tres patas que sustentan al Consell de izquierdas (PSPV, Compromís y Podemos) aplaudieron ayer la actitud reivindicativa del presidente Puig con su ultimátum a Rajoy. Pero el líder de Podemos, Antonio Montiel, puso la nota escéptica sobre el aviso del presidente de que llevará al juzgado al Gobierno si no negocia la financiación. «Como jurista me cuesta ver el recorrido judicial» que podría tener esa demanda, advirtió. Montiel ve útil el recurso «como medida de presión» política, pero no le ve recorrido judicial. Con todo, sería «lamentable», dijo, que Mariano Rajoy volviera a la C. Valenciana y siguiera sin reunirse con Puig.

La presidenta del PP y portavoz en las Corts, Isabel Bonig, considera una «irresponsabilidad» la posición del «señor Puig». «Ha hablado con el presidente Rajoy, sabe que lo va a recibir y tiene hilo directo con el Ministerio de Hacienda» comentó, además de subrayar que el año que viene la Comunitat Valenciana tendrá 1.600 millones más. «Ya está bien de llorar», sentenció la popular, quien instó al jefe del Consell a actuar con «seriedad y responsabilidad» y a «dejar de hacer oposición de la oposición» y de «utilizar la justicia para hacer política». «Si cada asociación que le ha pedido una reunión al señor Puig o al conseller de Educación se tuvieran que ir a los tribunales a plantear una demanda, colapsarían los tribunales», zanjó la líder popular.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Alexis Marí, indicó que Ximo Puig «es libre de hacer que lo crea que tiene que hacer», pero «la política no se debe judicializar». El síndic socialista, Manolo Mata, calificó de «hecho insólito» que Rajoy no reciba a Puig y advirtió de que «si no hay recursos y si siguen apareciendo facturas en los cajones, deudas nuevas y nuevos pufos, estamos en alto riesgo en la gestión». «No es un juego electoral, es nuestra pervivencia», lamentó.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, considera que la vía judicial adecuada es la contencioso-administrativa. «Se sentaría jurisprudencia y habría una sentencia que obligaría al Estado al solventar, quizá con retroactividad, la infrafinanciación», concluyó Ferri.