El Consell presidido por Alberto Fabra emitió una orden de pago de 180.000 euros a la empresa gandiense construcciones Gomuñoz, correspondiente a cinco certificaciones de obra diferentes sobre la construcción de un centro social en Gandia dentro del Plan Confianza, según ha desvelado Compromís.
La firma aparece en los informes policiales de la en la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la presunta trama corrupta del llamado 'caso Púnica. como la que pagó al PP de Gandia las facturas que la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) mantenía con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama Púnica.
Compromís denuncia el modus operandi del PP, ya que, de esta manera, el partido en Gandia adjudicaba proyectos mientras la Generalitat ordenaba el pago.
Como ya informó Levante-EMV el pasado mes de julio, IPG ha facturado en los últimos años 880.000 euros por trabajos a Construcciones Gomuñoz, una de las que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la presunta trama corrupta del llamado 'caso Púnica'.
La Guardia Civil requisó el pasado 9 de junio contratos y documentos firmados por el Ayuntamiento de Gandia con esta mercantil, pero el nuevo Gobierno local reveló que en IPG había otros contratos que suman la cantidad de 880.000 euros.
