«Para enchufar a alguien tienes que conocerlo», defendió ayer en el juzgado José Juan Morenilla, ex gerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), según fuentes conocedoras de la declaración. Morenilla ha sido imputado en la investigación abierta por el juzgado de Instrucción Nº 12 de Valencia, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia por un presunto delito de prevaricación administrativa. También está imputado en la macrocausa de Emarsa.
Una irregularidad que el exgerente presuntamente cometió al contratar a cinco trabajadores «como personal laboral indefinido sin publicidad, mérito o capacidad», según la denuncia que presentó el sindicato CGT, que originó las diligencias abiertas por la Fiscalía. Entre las personas beneficiadas por estos contratos irregulares se encuentra una familiar directa del eurodiputado valenciano, Esteban González Pons, según reveló el PSPV en 2013. Por el contrario, Morenilla defendió ayer que en las auditorías a las que se sometió la Epsar «nunca se detectó ninguna irregularidad» y que «siempre» actuó de acuerdo a las leyes.
Sin embargo, tal como relataba la denuncia de la CGT, las irregularidades en las contrataciones de la empresa pública de saneamiento sí fueron detectadas por la Intervención General de la Conselleria de Hacienda. En el «Informe de Auditoría de cumplimiento de la legalidad» de los años 2010 y 2011 se advertía a la Epsar que Hacienda «no autoriza la creación de cinco nuevos puestos [de trabajo] desde 2009» y requirió a la empresa pública para que retrotrayera «las actuaciones no autorizadas».
Sobre esta cuestión, el ex gerente de la Epsar defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 que los informes de la dirección general de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda «no eran vinculantes».
