El pase a la oposición obró ayer una mutación política significativa en el PP. Si durante años ejerció de muro de contención para impedir la reducción de los privilegios asignados a los expresidentes de la Generalitat, ayer los populares, cuyo voto ya no es decisivo, se abstuvieron en la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos que pretende eliminar todos los recursos que se les garantiza, consistentes en una Oficina de por vida (con despacho, secretario, chófer y coche oficial) y un puesto como vocal nato en el Consell Jurídic con sueldo similar a conseller. No solo eso sino que los populares se mostraron dispuestos a hablar de reducir los privilegios contemplados fijando incompatibilidades, aunque «sin sectarismos» y buscando «aprovechar» sus conocimientos, explicó José Juan Zaplana.

El resto de grupos respaldó la tramitación de la iniciativa, a la que ahora se presentarán enmiendas. Fabiola Meco (Podemos) denunció que esta norma, «aprobada por el PP y el PSOE en 2002», es «impropia de un sistema democrático» ya que «solo establece privilegios y no recoge ninguna obligación». Detalló que, de los cinco exmandatarios, tres se han acogido a la ley: «Zaplana, a la seguridad; Fabra, senador, a la Oficina, no al Consell Jurídic, y Camps, a todo el 'pack' completo de expresidente». José Juan Zaplana lamentó que, a la vista de las críticas, «lo peor que le puede pasar a alguien es ser presidente». «Si cuando deje de serlo, no puede trabajar en el sector público, ni en el privado ni ejercer asesoramiento, ¿para qué sirve un expresidente? ¡Pues que se muere!», ironizó el popular, lo que llevó después al presidente de las Corts, Enric Morera, a dar paso a la votación no sin antes «desear larga vida a los expresidentes», bromeó.

El socialista Manuel Mata apoyó la iniciativa, pero defendió que se regule la figura de los expresidentes para que no desaprovechen sus conocimientos y para que ninguno puedan verse en una situación económica «sin ingresos». Antonio Subira (Ciudadanos) avanzó que enmendarán la iniciativa para garantizar la «reinserción laboral» de los expresidentes. Y Mireia Mollà (Compromís) abogó por establecer una regulación sobre las incompatibilidades y el «poder de influencia» de los exmandatarios para evitar que hagan «trato de favor».

El pleno tramitó otra ley de Podemos de Cuentas Abiertas (para conocer los movimientos de las cuentas de la Generalitat). En cambio, rechazó una del PP para 'blindar' las diputaciones ante la idea del Consell de que se sometan a su coordinación. El pleno también apoyó tramitar la norma para eliminar el cupo reservado a los militares en las oposiciones a la Policía Local y el límite de edad de 35 años para acceder a ésta. Ciudadanos pagó la novatada y sus 13 diputados votaron no a eliminar el límite de edad cuando están a favor. Por contra, se opusieron a quitar el cupo militar cuando su líder, Carolina Punset, lo apoyó en su día.