El revisionismo del pasado no es exclusivo del nuevo Consell. También el PP de Isabel Bonig, ahora en la oposición, está mutando sus posiciones políticas de hace escasos meses. Si el miércoles los populares se mostraron dispuestos a hablar de recortar privilegios a los expresidentes de la Generalitat, ayer fue a cuenta de las placas en obras y edificios públicos dedicadas a políticos corruptos. Una iniciativa, presentada por Podemos, que va dirigida directamente a poner en evidencia a los ex cargos públicos del PP condenados por corrupción o pendientes de procesos.
Así, el pleno de las Corts aprobó por unanimidad instar al Consell a que, en el plazo máximo de dos meses, retire las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas en edificios que dependan de la Generalitat o que hayan sido financiados con fondos de ésta en la C. Valenciana, en las que figure el nombre de cargos públicos condenados por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o contra la administración. Una resolución que el PP impidió aprobar en la anterior legislatura y que afecta ya, entre otros, al expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, al exconseller Rafael Blasco, al exdiputado y exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, y al también exconseller Luis Fernando Cartagena.
La resolución reclama además retirar toda distinción o elemento de homenaje y consideración pública concedido por motivo de un cargo y se encuentre expuesto en espacios públicos ligados a la Generalitat. Asimismo, se elaborará, por acuerdo del Consell, una declaración formal y pública de reprobación y repulsa de todos los políticos de la C. Valenciana que han sido condenados por esos mismos delitos.
Fabiola Meco (Podemos), tras mostrar desde la tribuna una foto de Carlos Fabra y de Blasco en una inauguración, celebró que éstos hoy «ya no pueden inaugurar nada desde sus centros penitenciarios». «Hay que limpiar nuestros edificios públicos de toda mancha de corrupción y retirar las placas que odiosamente siguen ahí», enfatizó.
El PP presentó una enmienda para recalcar que ya hay una ley de Transparencia que regula esta cuestión y pedir la retirada de placas a todos los condenados, sin especificar el delito, según defendió Mª José Ferrer, quien criticó que la propuesta de Podemos era «más restrictiva» que la suya, ya que menciona a los condenados por algunos delitos y, por ejemplo, «no habilitaría para retirar distinciones a violadores, maltratadores, asesinos, terroristas o pederastas». Además, planteaba la retirada de honores no solo a cargos valencianos, sino a todos. De otro modo, dijo, con este texto «no se hubiera podido retirar la distinción honorífica a Jaume Matas porque no era valenciano y se retiró».
La queja formal de Bonig
Meco no aceptó la enmienda porque era «cosmética» y «electoralista», y lo que pretendía era «descafeinar» la referencia a la corrupción y a que han sido políticos valencianos. Aunque Ferrer le ofreció in extremis añadir una mención a la corrupción, ya fue tarde. Pese a ello, los populares votaron la propuesta para no quedar descolgados. Antonio Subiela (C's) afeó que se «pierda el tiempo en cosas que no interesan a los ciudadanos» y Cristina Rodríguez (Compromís) vio «inadmisible» toparse con placas en escuelas o polideportivos.
El debate acabó en trifulca cuando la socialista Clara Tirado reprochó al PP que hasta junio vetara las iniciativas para quitar las «placas de la vergüenza». «¿Qué hacemos con ellos? ¿Invocamos la parábola del hijo prodigo para explicar el milagro al ver volver de pronto, no a una oveja descarriada, sino a toda una ganadería?», preguntó. Unas palabras que llevaron a Bonig a expresar una queja formal y pedir «respeto» por comparar a su grupo, que es «gente honrada», con «una ganadería».
