El nuevo Consell de izquierdas no cumplió su promesa electoral de tener una administración más austera en lo tocante a los altos cargos. De hecho, tal como informó en día Levante-EMV, el acuerdo de Gobierno PSPV-Compromís se saldó con un organigrama del que cuelgan cuatro altos cargos más que el último presidido por Alberto Fabra.

No obstante, a priori sigue intacta la voluntad de cumplir con el compromiso de recortes en el personal eventual, aunque con matices importantes. El Ejecutivo de Ximo Puig tiene previsto aprobar hoy un decreto sobre personal eventual al servicio de la Administración del Consell que limitará a 74 el tope de asesores en nómina frente a los 99 eventuales del Gobierno popular de Alberto Fabra.

Ahora bien, el recorte no afectará a Presidencia que se reserva la opción de nombrar hasta 23 personas de confianza, el mismo número de puestos de que disponía Fabra al terminar su mandato.

Así, tras varios borradores el decreto previsto regulará el tope máximo de asesores que corresponde a cada conselleria, así como sus retribuciones. El pacto es que cada departamento tenga tres asesores (el jefe de gabinete, el responsable de prensa y un coordinador de asuntos parlamentarios), además de un eventual más por cada una de las secretarias autonómicas, 18 en total.

Habrá dos excepciones: la vicepresidencia del Consell y la Presidencia de la Generalitat. Así, el departamento que dirige Mònica Oltra podrá nombrar hasta nueve eventuales. Además de los tres por la conselleria y dos por las dos secretarías autonómicas, la vicepresidencia podrá contar con cuatro asesores más para cubrir las funciones de secretaría del Consell y portavocía.

Pero es el Palau el área que más se ha resistido al recorte. De hecho, será potencialmente la que más asesores podrá contratar, una cuestión que ha generado malestar en el seno del Ejecutivo al entender que el impacto del recorte queda limitado si Presidencia no se lo aplica.

Tras el reparto de competencias „cabe recordar que con Fabra Presidencia estaba unida a la conselleria de Agricultura„la relación de puestos del Palau incluye un total de 23 plazas.

Hasta ahora, el presidente de la Generalitat ha nombrado ya a la mitad: un total de doce personas, una lista que incluye a dos conductores que mantienen la categoría de asesores.

Asesores de expresidentes

A esta cifra hay que añadir el personal eventual dependiente de los expresidentes Alberto Fabra y Francisco Camps. Uno y otro se acogieron al estatuto de expresidentes y disponen de una asesor y un conductor, respectivamente: cuatro en total a cuenta del presupuesto de Presidencia.

Con estos datos, la plantilla de asesores de la Generalitat con respecto a la administración popular se reduce en 25 puestos. Según el Consell el ahorro será de 1, 1 millones de euros

En su último año de mandato, Fabra contó en total con 192 asesores y altos cargos (99 eventuales) que supusieron un desembolso de 8,7 millones de euros. Fabra redujo sensiblemente la nómina de altos cargos respecto al organigrama que heredó de Francisco Camps, quien en 2011 dio cobijo a 247 puestos de confianza, 120 altos cargos y 127 asesores. El gasto ascendió entonces a 10,8 millones de euros.

En lo que va de legislatura y según los datos hechos públicos a través del portal de transparencia, las distintas conselleries han nombrado medio centenar de asesores. Quince están ya adscritos al área de Presidencia.

Fuentes de la Generalitat indicaron que la reducción del personal eventual no se limitará al citado 20%. La idea es amortizar alrededor de 70 plazas que eran ocupadas con asesores encubiertos, es decir, personas que eran contratadas en puestos de funcionarios, pero que en realidad ejercían labores de asesoramiento a altos cargos.

El decreto sobre el personal eventual establecerá también las retribuciones de los asesores que, en la actualidad, están divididos en cuatro categorías. El decreto recoge una nueva clasificación.

Con todo, cabe apuntar que esta contabilización de asesores no incluye aquellos que puedan haber sido contratados en las empresas y fundaciones públicas. Estos datos han estado tradicionalmente ocultos y, por lo pronto, es un área la que el nuevo Consell no ha entrado.