Septiembre de 2013 será un mes que dificilmente olvidarán las poblaciones de la costa norte de Castelló y del sur de Tarragona. Cerca de 550 terremotos se sucedieron en cuatro semanas en el entorno de la planta de Castor, que había empezado a operar en abril de 2012. Los ecologistas y el Observatorio del Ebro venían advirtiendo desde tiempo atrás de la posible aparición de seísmos por la inyección de gas en la plataforma.
El episodio sísmico llevó la alarma a los municipios afectados y el Gobierno suspendió por primera vez el 16 de septiembre la actividad del almacén. La Guardia Civil llegó a presentarse en la planta a instancias de la fiscalía para garantizar el cumplimiento de la orden gubernamental, ya que los temblores continuaban. En octubre, el Ejecutivo central confirmó el cese de la plataforma a la vista de los informes del Instituto Geológico y Minero. Se paralizó uno de los proyectos considerados estratégicos para el Gobierno central, con el que pretendía reducir la dependencia energética del país con el exterior. Eligió un antiguo yacimiento petrolífero agotado en los años 70, el de Amposta, para inyectar gas natural procedente de la red estatal de gasoductos.
Pero desde 2008, en plena tramitación de la propuesta, surgieron voces contrarias de la mano de la plataforma en Defensa del Sènia y del Ayuntamiento de Alcanar, que alertaron del posible resurgimiento de terremotos en la zona por la proximidad de la falla de Amposta.
Avisos que cayeron en saco roto
Sus avisos eran minoritarios y cayeron en saco roto. «Empezamos a advertir después de que un informe del Observatorio del Ebro alertara del riesgo sísmico. Pedimos al Ministerio de Industria que realizara otros estudios, el ministerio pasó luego unas preguntas a la empresa y ésta nos contestó que más o menos no teníamos ni idea y que estábamos en una zona de sismicidad mínima, de 0,04%, y que no había peligro. Nos dijeron que solo se producían siete movimientos sísmicos al año y de que eran indetectables», recuerda Evelio Monfort, portavoz de en Defensa del Sènia, colectivo que ha liderado la campaña contra Castor.
En septiembre de 2013, la tierra empezó a temblar. Cerca de 500 terremotos se registraron en un mes, el peor se produjo el 1 de octubre, con un 4,2 de la escala Richter. «Cuando la empresa empezó a inyectar el gas se produjeron 1.000 movimientos, la mayoría detectables», subraya Monfort en respuesta a la contestación que años atrás le envió la concesionaria. Las localidades de Vinaròs y Benicarló se movilizaron para exigir el cierre de la planta. Hubo concentraciones y cadenas humanas. Los ayuntamientos, que se habían mantenido en silencio hasta ese momento, también se sumaron al clamor popular.
El representante de en Defensa del Sènia destaca que el primer alto cargo que declarará este lunes, Jesús Gómez de las Heras (director adjunto de Recursos Minerales del Instituto Geológico Minero Español), indicó que «en Aznalcóllar no había peligro y las balsas reventaron».
