Las autoescuelas están en medio de un caos. Tras un mes de huelgas parciales de los examinadores de tráfico (que realizan paros desde el 14 de septiembre, de lunes a viernes de 13 a 15 horas), 6.000 alumnos se han visto afectados por el aplazamiento de sus exámenes prácticos y las escuelas valencianas ya calculan unas pérdidas de 750.000 euros.
Joaquín Jiménez, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), explica que sus reivindicaciones se basan en cuatro puntos: un aumento de los sueldos; disponer de un entorno seguro para comunicar los resultados; una reducción de las pruebas diarias que tiene cada examinador (al menos de 13 a 12) y una ampliación de la plantilla; y que no se privatice el servicio, ya que «se fragua algo», afirma.
Agresiones por suspensos
Este año quince examinadores han sido agredidos físicamente (palizas, intentos de estrangulamientos o apuñalamientos) además de verbalmente, tras comunicar el resultado del examen práctico. Reclaman que, como en otros países europeos, los resultados se den de forma diferida (como el teórico) o en un entorno seguro y no en el vehículo, o en los descampados o polígonos donde finalizan las pruebas, corriendo un «auténtico riesgo».
También se quejan de la reducción de plantilla, ya que con la crisis no se han reemplazado las jubilaciones y la plantilla aumenta, pero de forma lenta.
Por su parte, según Ezequiel Archilla, portavoz del sector de Tráfico del sindicato CSIF de la C. Valenciana, esta huelga no ha pillado por sorpresa a Tráfico, ya que se convocó a mediados de julio y empezó el 14 de septiembre. Afirma que, además de los recortes salariales que han tenido todos los funcionarios durante los últimos años, los examinadores han perdido 12 euros y la media dieta que cobraban por desplazarse a otras ciudades para examinar, lo que se les sumaba a su sueldo base de 599 o 720 euros, y a otras retribuciones.
Tras dos reuniones con la DGT (el 22 de septiembre y el pasado jueves), los examinadores no desconvocan la huelga. Tráfico afirma que «ya habían impulsado el incremento retributivo» por medio de la Comisión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones; además, también permitirá «mejorar la seguridad en el momento de la comunicación de resultados» y propone ampliar el protocolo en caso de agresión; así como adoptar las medidas organizativas para reducir la carga de trabajo.
Al sindicato, las propuestas le parecen una «burla» y «una falta de respeto», ya que la DGT «no concreta nada». Respecto al salario, aseguran que no es la «prioridad» y que las retribuciones que les quitaron las gestiona la DGT, y se podrían recuperar. En cuanto a la comunicación de los resultados, creen que dar las explicaciones sin especificar si es un apto o no puede ser igual de «peligroso», así que piden hacerlo en las jefaturas. Sobre el aumento de la plantilla, la DGT informó que en 2016 se formarán 60 nuevos examinadores, lo que ven insuficiente en CSIF-CV, ya que solo en la provincia de Valencia faltan ocho. En resumen, una declaración de intenciones por parte de la DGT, que los huelguistas califican de «demasiado ambigua», ya que «no concreta nada», por lo que ayer la huelga total convocada para el próximo miércoles seguía en pie.
En números rojos
Francisco Paz, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Formación Vial, relata que el negocio de las autoescuelas peligra, tras un mes de protestas y pérdidas económicas. Los alumnos que se preparan para examinarse retrasan sus prácticas o hacen menos, y quienes están pensando en sacarse el carnet de conducir, lo dejan estar. Un conflicto que se «demora demasiado», según Paz, en el que el alumno «ha perdido la confianza y se siente estafado», ya que paga una cuantía «considerable» por las tasas.
El presidente de la federación de profesores explica que con la crisis hay hasta un 60 % menos matrículas que hace cuatro o cinco años, y que ahora «parecía que el sector se recuperaba lentamente».
Armando Galindo, presidente de la Unión de Autoescuelas de Valencia, lo tiene claro: la situación está afectando «gravemente» a los centros valencianos, que se están «hundiendo». Calculan unas pérdidas económicas de 750.000 euros en toda la C. Valenciana, y más de 5.000 alumnos afectados, 3.000 de los cuales se preparan en las 380 autoescuelas de la provincia de Valencia.
«La gente no quiere hacer prácticas hasta saber qué día se examina», explica Galindo. Y es que, cuando pide fecha de examen para sus alumnos, se la dan a un mes vista, y 36 horas antes le informan de la hora y el lugar concretos; si coincide con los paros de los examinadores, él y el alumno se desplazan hasta el lugar del examen, pero no se realiza, ya que en la provincia de Valencia la convocatoria se está siguiendo prácticamente al 100 %.
Los centros formativos y los funcionarios culpan a la Dirección General de Tráfico (DGT) de esta situación, ante la falta de sensibilidad y de negociación frente a las peticiones que les trasladan, afirman. Joaquín Jiménez, en nombre de los examinadores, quiere pedir «disculpas por los efectos a los alumnos y al sector de las autoescuelas», y reconoce estar soportando una «gran carga emocional», ya que le llegan noticias de autoescuelas que están cerrando.
