El conflicto de competencias entre la Conselleria de Justicia y de Transparencia ha derivado en un incidente interno que ha estado a punto de terminar en los tribunales. Por lo pronto, hay abierta una investigación interna en Presidencia, aun pendiente de resolver, que tiene por objetivo averiguar si hubo o no un «cambiazo» en un documento oficial del departamento de Transparencia. El asunto, que ha generado tensiones en el bipartito, tiene su origen en los reglamentos orgánicos y funcionales (ROFSs)) de las conselleries, las normas en las que se entra en detalle sobre el reparto de competencias entre las distintas áreas.
La legislatura arrancó con fricciones entre las conselleries de Justicia y Transparencia a cuenta de algunas competencias, como la memoria histórica o los referéndums. Sin embargo, los consellers Gabriela Bravo y Manuel Alcaraz se sentaron a negociar y sellaron la paz con un reparto salomónico de las áreas en litigio. La memoria histórica quedó asignada a Justicia, mientras que Transparencia aceptó el papel de conselleria colaboradora. Sin embargo, el conflicto se recrudeció el mes pasado a cuenta del proceso de aprobación de los ROFs. El Ejecutivo aprobó el 18 de septiembre el grueso de los nuevos reglamentos, entre ellos, el de Justicia y Transparencia. Los decretos, publicados posteriormente en el Diario Oficial de Comunitat Valenciana (DOCV), reflejan, pese al pacto político de Bravo y Alcaraz, cierto solapamiento de competencias.
Así, el decreto 154/2015 del ROF de Justicia asigna a la conselleria «el impulso de todas aquellas medidas que contribuyen a la recuperación de la memoria histórica». Por su parte, el decreto 160/2015 que regula las competencia de Transparencia recoge, incluye dentro del servicio de Promoción de Autogobierno, «participar en los órganos de decisión y coordinación relativos a la recuperación de la memoria histórica. Sin embargo, el conflicto no ha estallado por la redacción de los reglamentos, sino por el supuesto «cambiazo» del ROF de Transparencia que pasó por la reunión de subsecretarios el 17 de septiembre, es decir, un día antes de que el documento fuera aprobado por el pleno del Consell.
Función Pública, área que depende de Bravo, detectó, una vez los reglamentos se publicaron en el DOGV, que el de Transparencia no se correspondía con el que desde esa dirección general se había informado. Fuentes de Justicia confirmaron ayer que Función Pública alertó de que el documento no se correspondía con el que pasó por la reunión de subsecretarios. La traducción al valenciano, además, contenía errores. Con todo, lo achacaron a un error como consecuencia de la «dura» semana en las subsecretarías. Otras fuentes, sin embargo, aseguraron a este diario, que la consellera de Justicia se mostró muy preocupada por lo ocurrido hasta el punto de que llegó a plantearse ir a los tribunales por si podría darse un delito de falsificación de documento.
Un informe para evitar otros casos
El conflicto llegó a Presidencia, en concreto a la Dirección de Relaciones con las Corts, que ha investigado el «cambiazo». Se constató que el documento aprobado se había subido al programa interno donde se depositan los documentos que van al Consell la tarde del 17, es decir, después de la reunión de subsecretarios.
Desde la citada dirección general se minimizó el asunto, al asegurar que el departamento de Alcaraz tenía margen para hacer modificaciones porque así se acordó en la reunión de subsecretarios. Con todo, admitieron que aún deben emitir un informe y mejorar el sistema para evitar situaciones como esta.