Las organizaciones ecologistas exigen al PSOE y PP que eliminen el blindaje a las construcciones ilegales derivado de una reciente modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, promovida por el PSOE, que exige numerosas condiciones para ejecutar la demolición.

El 1 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 7/2015 que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su Disposición final tercera, se modifican varios artículos de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Entre ellos, el artículo 108 que establece el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de una construcción y ordenan la demolición.

Esta normativa hacía «muy difícil» conseguir una demolición, como han comprobado reiteradamente las organizaciones ecologistas. «Pero ahora, la nueva redacción del artículo 108, promovida por una enmienda del PSOE en el Senado, lo convierte en misión casi imposible».

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que todos estos trámites «solo fortalece la sensación de impunidad de quienes vulneran las leyes urbanísticas, al tiempo que obstaculiza la lucha contra la corrupción».

Estas organizaciones lamentan que la reforma provenga del PSOE, un partido que se ha comprometido públicamente a luchar contra la corrupción y los delitos urbanísticos, «ya que esta medida va en la dirección opuesta» y exigirán a PSOE y PP, como promotores de esta medida, su reforma inmediata «en caso de formar nuevo gobierno.