Imelsa no es un balneario. Conforma por sí misma una pieza en la macrocausa judicial sobre una presunta red de cobro de comisiones, tiene otro caso pendiente por la denuncia contra su ex gerente Marcos Benavent y es objeto de una investigación de la Agencia Tributaria por fraude en el IVA e impuesto de sociedades que afecta a una docena de contratistas.
Son algunos de los elementos del decorado convulso que ayer acompañó a los cogerentes de la empresa, Josep Ramon Tíller y Agustina Brines, que comparecieron ante los medios para explicar sus planes y algunas de las actuaciones ya ejecutadas, como el despido de quince empleados colocados por el PP, como contó Levante-EMV. Los responsables de la sociedad garantizaron que la empresa no se liquidará, que no se trata de «hacer de Imelsa otro Canal 9», sino de «limpiar» la empresa y acabar con prácticas «presuntamente corruptas o partidistas», dijo Tíller.
Agustina Brines subrayó que desde el gobierno provincial «haremos lo posible para salvar y reconducir esta empresa pública y para que sea un referente del sector público empresarial». Respecto a si habrá más despidos, admitió que dependerá de la auditoría de personal y la reorganización de la empresa.
Creación de las Brigadas Verdes
La nueva estructura prevé crear las Brigadas Verdes, a las que se adscribirá un centenar de brigadistas forestales, los mayores de 55 años. Tíller explicó que se encargarán de tareas de «sendicultura, jardines en municipios, mantenimiento de zonas degradadas o limpieza de barrancos». Para relevar a este personal, se contratará a 100 brigadistas forestales. El nuevo gobierno anuló el proceso de incorporación de 300 brigadistas convocado por Rus. «Era una farsa para arrancar votos de cara a las elecciones con la esperanza de tener trabajo», denunció Brines.
El PP acusa ahora a la izquierda de querer «colocar a los suyos». Respecto a la situación económica de Imelsa, Tíller proclamó que está «saneada, debe cero euros a los bancos y cerrará 2015 con tres millones de superávit».
