El dinero, como la materia, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El gobierno de la diputación, que preside Jorge Rodríguez, ha transformado el destino de 16,2 millones de euros para dedicarlos al plan de subvención de los libros de texto en la educación obligatoria impulsado desde el Consell y que ha de ser financiado a partes iguales por Generalitat, diputaciones y ayuntamientos.
El pleno provincial aprobó ayer las modificaciones de crédito para avanzar este dinero, que contempla la parte que corresponde a la diputación, pero también los 8 millones que deben apoquinar los ayuntamientos, a los que se financia de esta forma al considerar que las arcas municipales están vacías. El área de la que más dinero se ha detraído es la de Carreteras. Tres millones que iban destinados a nuevas inversiones y otros dos a mantenimiento de la red viaria de 2000 km ahora se destinarán a libros escolares. El área de Cultura perderá 3,5 millones y otros tres el programa de Turismo social para los mayores. Se da la circunstancia de que este plan turístico, que contempla viajes y estancias en la provincia de Valencia, está siendo investigado en la macrocausa judicial sobre la presunta red de comisiones en la concesión de contratos en instituciones gobernadas por el PP. El capítulo dedicado a Planes de Contingencia (1,7 millones) y el de Bienestar Social (1 millón) son los otros aportadores de fondos para la subvención de libros de texto.
Al PP y a Ciudadanos, los dos partidos de la oposición, les parece bien, según explicaron, que los libros sean gratis pero no que sea la diputación la que aporte el dinero. Por eso se abstuvieron en la votación ganada por la mayoría de gobierno que conforman PSPV, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida. La portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, criticó que la diputación «sea financiadora de la Generalitat» y que el «señor Puig» haga «lo que quiere con dinero de la diputación». «Si se quitan 16 millones de Carreteras o bienestar social, esos servicios no los va a pagar la Generalitat, no los va a prestar nadie», indicó Contelles.
El portavoz de Ciudadanos, José Enrique Aguar, se mostró contrario a que la diputación «tenga que pagar la factura que emite otro». «Cuando uno tiene un proyecto lo paga, no lo hace para que lo paguen otros», criticó para proclamar que destinar el dinero a los libros «no está dentro del marco competencial de la diputación». «Estamos a favor de la gratuidad de los libros de texto y por eso nos abstenemos, para que no nos malinterpreten», matizó, pero consideró que la diputación «en vez de ir trasladando servicios impropios a otras instituciones, asume los que no son nuestros».
Disculpas del presidente
El diputado de Hacienda, el socialista Toni Gaspar, afeó a la oposición su rechazo a la financiación del plan de libros. «A los ciudadanos les da igual quién pone el dinero y de dónde sale, el dinero es de la gente, que paga sus impuestos, no de la institución esta o aquella», sentenció el diputado.
El exgerente de Imelsa y actual diputado Rafael Soler (PP) criticó que los cogerentes de la empresa pública comparecieron a explicar el futuro de la mercantil cuando son meros «técnicos» que, dijo, no tienen esa capacidad de decisión. Denunció que en una reunión institucional en Carcaixent, el gobierno provincial no le invitó pese a ser diputado por la Ribera. «Tiene toda la razón», se disculpó el presidente Jorge Rodríguez y le garantizó que no volverá a suceder.
