21 de octubre de 2015
21.10.2015
ÚLTIMA HORA
Desalojado el aeropuerto de Schiphol tras disparar la Policía a un individuo
Corts Valencianes

El PP se abstiene en la creación de la comisión para investigar a Cotino

Las Corts investigarán las adjudicaciones de plazas de residencia a la empresa de la familia del exconseller y expresidente del Legislativo

21.10.2015 | 17:10
Los portavoces, en el pleno de las Corts.

El PP respaldó la semana pasada en las Corts la retirada inmediata de placas inaugurales o conmemorativas en edificios públicos que estén dedicadas a políticos valencianos condenados por corrupción, todos ellos, salvo rara excepción, de los populares. Ayer dio otra muestra de revisionismo de su anterior etapa en el Consell al abstenerse en el pleno en la votación para la creación de una investigación sobre la adjudicación de plazas de residencia al grupo Savia, integrado por empresas como Lubasa o Sedesa, propiedad de la familia del exvicepresidente del Consell y extitular de las Corts, Juan Cotino, además de por empresarios como Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal.

De este modo, el pleno de la Cámara, con la única abstención del PP y el voto a favor del resto de grupos, ha dado vía libre a la puesta en marcha de una investigación parlamentaria sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes en favor del citado grupo Savia. La iniciativa había partido del grupo socialista.

La diputada del PSPV Concha Andrés ha defendido la necesidad de poner en marcha esta comisión para comprobar "si las sospechas referidas a las adjudicaciones de miles de plazas de residencias" son ciertas y pasar "de la impunidad a un nivel de tolerancia cero" respecto a este tipo de actuaciones.

Ha explicado que esta "historia" comenzó en 2001 cuando Rafael Blasco era conseller de Bienestar Social y aprobó un contrato valorado en 500 millones de euros para construir 73 residencias para mayores y dependientes con 9.000 plazas y el compromiso de la Generalitat de concertar y financiar un tercio de ellas, 3.000. Un total de 13 empresas resultaron adjudicatarias, entre ellas Gerocentros del Mediterráneo -grupo Savia_en cuyo accionariado figuran "empresas que han salido después en investigaciones de los casos Gürtel y Brugal", que se llevó el 40 % de esas plazas concertadas.

Posteriormente, ha continuado la socialista, Juan Cotino llegó a Bienestar Social y entre 2007 y 2009 introdujo tres modificaciones en el contrato, dando consideración de centros concertados a las residencias de accesibilidad, "con lo que se equiparaban a las públicas" y eliminando la barrera del tercio en la concertación, además de permitir el incremento del precio de coste de la plaza.

Asimismo, mientras "el negocio iba aumentando" para las adjudicatarias, Concha Andrés ha recordado que llevó al Consell en 2008 la propuesta para ampliar el concierto con otras 2.000 plazas más, por 436 millones, durante 15 años. "Me pregunto si los miembros del Consell sabían que un sobrino de Cotino (Vicente) era propietario de una parte de ese 40 % de plazas de ese macrocontrato", ha indicado la diputada, que ha recordado que de esas plazas se adjudicaron 748 a Savia.

Tras recordar algunas conversaciones aparecidas en los medios entre el constructor Enrique Ortiz y Vicente Cotino relacionadas con la intercesión en las adjudicaciones, ha insistido en la necesidad de saber "quién es el que tomaba las decisiones en la conselleria" y "por qué no se cubrieron previamente las plazas de residencias públicas, algunas vacías" y se dio preferencia a estas empresas.

"Ha acabado ya el tiempo de la impunidad y ver si esto fue un negocio a costa de los servicios sociales y las personas dependientes y si con el dinero de todos algunos financiaron irregularmente al PP", ha recalcado la socialista.

Para el PP, "malgastar el dinero"
Por su parte, el diputado del PP José Juan Zaplana ha calificado de "absurda la propuesta" porque, según ha dicho, se pide investigar contratos que están "en poder de la vicepresidenta", por lo que ha instado a no "malgastar el dinero" en una comisión como esta y si una vez se estudian los contratos se hallan indicios de delito acudir a la Fiscalía.

"O es que no quiere ser (Mònica) Oltra la mala en esta película y se lo ha encargado a usted", le ha espetado a la socialista, al tiempo que ha preguntado "cuántas comidas se podrían pagar y cuántas personas se podrían rescatar si ustedes hicieran ese trabajo".

Por alusiones, la vicepresidenta ha asegurado que la comisión supondrá menos "comidas" que "el saqueo que supuso la accesibilidad" y ha recordado que saber la verdad es fundamental en democracia, más aún cuando "muchas personas se han quedado en la cuneta porque algunos anteponían el negocio particular". Asimismo, ha apuntado que no le dice "a nadie" lo que hacer en el Parlamento y todos los grupos tendrán acceso a toda la información que pidan a su conselleria, "cosa que no se podía decir en el pasado".

"Si hay indicios de delito, se llevará a la Fiscalía"
La socialista Concha Andrés ha explicado que si en las conclusiones de la comisión se ve indicios de delito se llevará a Fiscalía y ha preguntado a los 'populares' si les preocupa más el coste de la comisión que "los millones que fueron a parar a las residencias" en contratos que siguen en funcionamiento.

Zaplana, por su parte, ha manifestado su preocupación por que quieran hacer "de fiscal, de jueza" y ya tengan "la hoja de ruta hecha", en tanto que ha censurado que el denominado 'modelo Cotino' se mantiene pese al cambio de Consell. "¿Es que no se sigue haciendo lo mismo, sigue incurriendo el gobierno valenciano en prevaricación o es que lo que estaba antes no estaba tan mal?", se ha preguntado el diputado, que ha concluido: "si el anterior Consell ha hecho algo mal, a los tribunales, no a los circos".

Desde Podemos, César Jiménez ha censurado que "esta trama utilizaba a la gente mayor como materia prima para sus negocios, como si fueran números" y ha considerado que votar en contra de la constitución de esta comisión es "perderle el respeto a la gente mayor" y supone "no dar la cara "ante esta gente mayor a la que despreciaron". Además, ha indicado que si se demuestran los hechos habría que aplicar la norma para retirar placas a condenados en casos de corrupción en la sala de expresidentes del propio Parlamento valenciano.

Por parte de Ciudadanos, Alberto García ha mostrado su apoyo a la propuesta con una visión "más amplia" y sin revanchismo a todo el proceso, no solo a las adjudicaciones a Savia, y ha recordado que "casi todos los caminos llevan a Cotino, Blasco y Ortiz".

La diputada de Compromís Mònica Álvaro ha preguntado al PP "a qué tienen miedo" y si "tienen algo que esconder" y ha recalcado que ahora "es de justicia que salga la verdad" porque "se ha jugado con nuestros mayores" y las personas "no son negocio".

El PP 'cambia' el voto a última hora

Finalmente, y pese al anunciado voto en contra, el PP se ha abstenido en la votación porque no tiene "ninguna intención de boicotear la investigación" ni de "proteger a nadie", aunque ha intentado que "quedara claro que las funciones en la actualidad de las Cortes son unas y pensamos que se está buscando otro objetivo", ha dicho Zaplana.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2018

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2017/18.


Enlaces recomendados: Premios Cine