21 de octubre de 2015
21.10.2015
Documento oficial

Presidencia interviene para apagar el fuego entre Justicia y Transparencia

Enviados de Puig emplazan a Alcaraz a firmar la paz con Bravo tras el 'cambiazo' del reglamento de la nueva conselleria

21.10.2015 | 04:58

El fantasma del 'Topo del Palau', la mano negra que filtró la nómina del expresidente Fabra, los gastos de Presidencia en pucheros o la factura de teléfono de la abogada de la Generalitat, planeó ayer sobre la Plaça de Manises. La amenaza desestabilizadora esta vez al Consell de izquierdas no tiene que ver con filtraciones sino con el 'cambiazo' de un documento oficial „el reglamento de la Conselleria de Transparencia en el que se establecen sus competencias„ en la víspera del pleno del Consell del 18 de septiembre para mejorar las atribuciones del departamento que dirige Manuel Alcaraz. Levante-EMV publicó ayer el último capítulo del pulso entre Transparencia y Justicia por el reparto de competencias: un cargo público de la nueva conselleria cambio el documento de reglamento que había pasado por la reunión de subsecretarios con el fin de mejorar las competencias de Transparencia.

En concreto, se le otorgó la potestad de «participar en los órganos de decisión y coordinación relativos a la recuperación de la memoria histórica». La directora general de Función Pública, Eva Coscollà „adscrita a Justicia„ detectó que el reglamento publicado en el DOCV no era el que ella había avalado. Y se desencadenó la crisis con petición de informe en Presidencia y amago incluso por parte de la consellera Gabriela Bravo de llevar el asunto a la Fiscalía. La publicación de la noticia en este diario provocó ayer hasta la reunión de un improvisado gabinete de crisis. Según pudo saber este diario, el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, y el director de gabinete de Puig, Arcadi España, se reunieron con Alcaraz para transmitirle la necesidad de que los dos consellers resuelvan el conflicto.

Fuentes de Transparencia indicaron que el encuentro fue cordial y que desde Presidencia se quita hierro al problema al entender que no hay ninguna contradicción competencial entre los reglamentos de los dos departamentos. La conselleria de Alcaraz complementaría, en este sentido, a la de Justicia en materia de memoria histórica. La preocupación del presidente Ximo Puig no está tanto en los problemas de deslinde competencial como en la imagen que se proyecta de conflicto en el Consell, según apuntaron desde su entorno. En el Palau expresan su asombro ante el cariz que ha tomado una polémica por un conflicto competencial que en realidad tiene poco calado.

El amago de judicializar el conflicto por parte de la consellera Gabriela Bravo tuvo su réplica en territorio de Transparencia. Así el conseller Manuel Alcaraz también expresó a sus colaboradores que como abogado que es garantizaba que una posible iniciativa judicial emprendida desde Justicia no iba a tener ningún recorrido.

Se da la circunstancia de que la directora de Función Pública fue nombrada por la cuota de Compromís, lo mismo que Manuel Alcaraz, al que puso en un aprieto al detectar el reglamento cambiado. En el entorno del conseller Alcaraz hay malestar ante esta circunstancia añadida.

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