La fragmentación y la pluralidad política de las Corts, lejos de provocar bloqueos, parece que está abonando el diálogo. Ayer, en la sesión matinal se registraron cuatro unanimidades en las votaciones. No acabaron ahí las sorpresas, si se atiende a los antecedentes registrados en los últimos años. El grupo popular se abstuvo en la votación en la que se decidió crear una comisión de investigación sobre la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, en concreto al grupo Savia (Gerocentros del Mediterráneo) propiedad de la familia del expresidente de las Corts y exconseller Juan Cotino. La comisión tiene un plazo de seis meses para presentar sus conclusiones.
La socialista Concha Andrés recordó que el grupo Savia, formado por Sedesa, de los Cotino, y Enrique Ortiz, resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del concurso que convocó el exconseller Rafael Blasco de conseller y que luego modificó Juan Cotino cuando llegó a ese departamento. Concha Andrés recordó conversaciones grabadas en Gürtel o Brugal en las que se comentan estas concesiones.
La propuesta la presentó el PSPV y contó con 65 votos de la izquierda y de Ciudadanos y 29 abstenciones populares. En su explicación del voto, el diputado popular José Juan Zaplana, justificó que pese a no estar de acuerdo no querían «boicotear ni entorpecer» la investigación «ni proteger a nadie».
Una posición en la línea de la que mantienen los populares, que quieren soltar lastre con páginas muy polémicas de su larga etapa en el Consell. Los dos primeros consensos en la Cámara Autonómica llegaron a cuenta de constituir una comisión para modificar el Estatut valenciano, que tiene aún pendiente y bloqueada en Madrid la reforma que ha de blindar las inversiones estatales en la Comunitat Valenciana en función de la población.
Además de la Carta valenciana, se cambiará la Ley Electoral Valenciana. La amplia reforma contempla medidas encaminadas a aumentar los mecanismos de participación ciudadana y regeneración democrática, en este último caso a propuesta del PP.
El acuerdo, que salió adelante por 96 votos, partió de sendas iniciativas del PP y Compromís. Se constituirá lo antes posible para aprobar el plan de trabajo, y concluirá en un plazo máximo de 12 meses. Pese a la unanimidad, el diputado del PP Luis Santamaría alabó con sorna a la izquierda por había sido «capaz de romper el cordón sanitario que han levantado contra el PP».
Los cinco partidos también votaron la comisión especial de estudio sobre la realización de un trabajo para erradicar las violencias de género, así como la de impulsar una nueva ley de coordinación de policías locales. La primera, presentada por Podemos y esta última, por Compromís.
