22 de octubre de 2015
22.10.2015
Sondeos y perforaciones

El Gobierno entierra la posibilidad de buscar petróleo en el Golfo de Valencia

La empresa Cairn Energy renuncia a investigar y la Dirección General de Política Energética no sacará a concurso la adjudicación ni exigirá canon o tasa alguna

22.10.2015 | 17:14

El Gobierno ha extinguido los permisos para investigar la posible presencia de hidrocarburos en el Golfo de Valencia - zona de Benifaió, Gandia y Alta Mar 1 y 2 - ante la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental "previa a la autorización de la campaña de adquisición sísmica para el segundo período de vigencia de permisos". Así consta en una resolución emitida en el BOE, en la que la Dirección General de Política Energética anuncia que no sacará a concurso la adjudicación de las áreas extinguidas y que no se exigirá canon alguno ni el mantenimiento del plan de inversiones previsto.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de abril la petrolera Cairn Energy, interesada en la búsqueda de hidrocarburos en aguas del Mediterráneo, solicitó al ministerio la extinción de sus permisos de investigación. Según argumentó entonces, Carlos Bravo, de la plataforma Mar Blava, la empresa "se retira de la zona y no hay riesgo de que puedan hacer allí algo. No hay marcha atrás. Al ver que la Declaración de Impacto Ambiental iba a ser negativa, han decidido renunciar porque supongo que tiene menos coste de imagen pública". Además, Cairn Energy cerró en enero las oficinas en Madrid de su filial Capricorn Spain, titular de los permisos de investigación.

Un coste de unos 80 millones
Si el Gobierno hubiera autorizado la búsqueda de petróleo, iniciativa que recibió fuertes críticas de colectivos ecologístas y el rechazo de los municipios costeros afectados, la compañía estaba obligada a invertir casi 80 millones de euros en un momento de bajos precios en el crudo que dificilmente hubiera compensado un descubrimiento en la zona.

El precedente de Castor
Que el Gobierno entierre la posibilidad de que alguna empresa sondee la presencia de hidrocarburos en el Golfo de Valencia se produce tras el caso Castor, la plataforma de almacén de gas en Vinaròs cuya actividad fue clausurada hace dos años al desatar 550 terremotos en el norte de Castelló. Esta misma semana ha comenzado la ronda de declaraciones de la macro causa de la planta para determinar si los responsables del Ministerio de Industria y Medio Ambiente, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) y de la empresa Escal UGS que autorizaron el proyecto incurrieron en presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente por no detectar el riesgo sísmico. Hay 18 imputados, entre otros, nueve ex altos cargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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