La ley de la Generalitat de Transparencia de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el pasado 8 de octubre, no sólo está suponiendo un quebradero de cabeza para los actuales responsables del Consell. Las amplias exigencias contenidas en la norma no sólo competen a la Administración autonómica cuyos actores principales llevan tiempo expuestos, en mayor o menor medidas, a la exigencia de transparencia, sino también al resto de instituciones públicas de la C. Valenciana cuyas interioridades han han estado durante años a buen resguardo.
Preguntas tales como qué gana exactamente un consejero deberían ser aclaradas con un simple clic en los respectivos portales de transparencia. Están obligados a rendir cuentas en la misma medida que la Generalitat, lo que implica desde airear el patrimonio de sus miembros hasta sus gastos en caja fija, viajes, comidas, etc. El repaso realizado por Levante-EMV por los portales de transparencia de los cinco entes estatutarios muestra las luces y sombras de un desnudo que, como en el caso de la Generalitat, dista mucho de ser integral, aunque pone al descubierto algunos secretos. Por ejemplo, que el expresidente Francisco Camps gana más en su refugio del Consell Jurídic Consultiu que cuando era responsable del Consell. No sólo Camps, todos los síndicos y consejeros tienen un sueldo superior al del presidente de la Generalitat.
El consell jurídic
consultiu
El Consell Jurídic Consultiu (CJC), el organismo encargado de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, es el único de los entes consultivos y de las sindicaturas que declara con todo lujo de detalles su inventario. El CJC desvela todo el mobiliario de sus oficinas, incluido los elementos ornamentales y da cuenta de una relación de 30 obras de arte especificando su autor, aunque no su valor. Así, además de los retratos de los expresidentes del Consejo (Emilio Attard, Carlos Climent) hay piezas de Artur Heras, José Sanleón, Carmen Calvo o Vicente Colom, o Alberto Corazón entre otros. Más opaco se muestra el CJC a la hora de desnudar a sus miembros. El portal de transparencia no ofrece información sobre el patrimonio ni los bienes de los consejeros. El gasto en altos cargos (ocho en total) y eventuales asciende a 675.265 euros.
El Jurídico no detalla las dietas ni los viajes de sus consejeros, pero sí lo que percibieron el año pasado: Su presidente, Vicente Garrido, ganó 81.000 euros brutos y Camps, 74. 439 euros, es decir, en su refugio en el CJC, el expresidente de la Generalitat gana 7.000 euros más que Ximo Puig.
Se ofrece un listado de los contratos mayores (limpieza, seguridad, telefonía), pero no de los menores.
Los 19 académicos recibieron a lo largo del ejercicio de 2014 más de 368.000 euros brutos en concepto de dietas por asistencia o participación en órganos colegiados. La institución, ente encargado de elaborar normativa lingüística, sólo paga una nómina completa a la secretaria de la institución. Ni el presidente ni el resto cobran un salario fijo, pero sí dietas por asistencias. El presidente Ramón Ferrer fue quien más cuantía percibió: 33.296 euros y Maria Soledad González, la única académica, la que menos: 9.634 euros. La AVL, no obstante, no especifica a cuántas reuniones ha asistido y el importe concreto de la dieta. Al igual que el CJC no ha publicado el patrimonio de los académicos.
La relación de puestos de trabajo de la Acadèmia consta de 32 trabajadores, de los cuales ocho son eventuales.
La Sindicatura de Comptes es quizás de los cinco entes analizados la institución que ha hecho mayor esfuerzo de transparencia. De hecho, es la única que publica el patrimonio de sus miembros. El detalle de las retribuciones con cargo al presupuesto de 2014 revela, entre otros datos, que la indemnización en concepto de residencia eventual (una suerte de plus de la vivienda de los altos cargos) también rige en el organismo encargado de fiscalizar la gestión de la Generalitat. Uno de los síndics „el alicantino Antonio Mira Percebal„ la tiene asignada: son 18.864 euros brutos más al año que se suman a los 88.385 euros de nómina en calidad de síndic. El síndic major, por su parte, tiene un sueldo de 89.500 euros brutos, también muy por encima del de Puig. Otros secretos que desvela el portal es que el personal de la Sindicatura tiene un seguro de accidente con ampliación de cobertura de las garantías en caso de muerte e invalidez permanente por infarto de miocardio con una prima de 160.000 euros. La póliza del seguro de vida de los diputados asciende a 150.000 euros.
La declaración de bienes patrimoniales refleja que el síndic major Rafael Vicente Queralt posee tres inmuebles (uno en Oropesa del Mar y dos Burriana) con un valor catastral de alrededor de 300.000 euros, un Mercedes, un saldo en la cuenta de 6.970 euros y que carece de deudas. Antonio Mira-Percebal tiene dos viviendas y un garaje en Alicante (valorado en 104.000 euros); 9.953 euros en cuentas corrientes y deudas por valor de 100.00 euros. Por su parte, la expresidenta de las Corts, Marcela Miró, declara dos viviendas (una en Valencia y otra en Bétera) con un valor catastral de 150.000 euros, saldo en las cuentas de 10.246 euros, un Alfa Romeo y cero deudas.
La relación de contratos menores que incluye un curso de inglés on line para sus funcionarios por valor de 2.681 euros.
La transparencia del defensor del pueblo valenciano es quizás la más pobre de todas las analizadas. El portal de transparencia ofrece en realidad poca información novedosa más allá de ratificar que los salarios de los altos cargos (síndic, con 95.824 euros, y los adjuntos con 86.149 euros) están equiparados a los de las Corts y que la mitad de la plantilla son eventuales. Hasta el ujier está contratado por libre designación. En total, trece plazas, según la relación de puestos de trabajo. En «aras a mayor transparencia», según se recoge en un documento, se detallan los conceptos que incluyen el salario.
A diferencia de la Sindicatura de Comptes, la de Greuges no airea el patrimonio de sus altos cargos José Cholbi, Angel Luna y Carlos Morenilla.
El Consell Valencià de Cultura también tendrá problemas para sacar buena nota cuando Transparencia Internacional acabe la evaluación que le ha encargado la Conselleria que dirige Manuel Alcaraz. La novedad es que especifica el presupuesto por dietas de asistencia (383.000 euros para todo 2015) y que a mitad de año se había pagado ya a los consejeros la mitad: 175.000 euros por un total de 54 reuniones. No están colgados los currículums de los consejeros.
La relación de puestos de trabajo es de veinte plazas cuatro de ellos asesores.
