Casi un cuarto de siglo después de que la Audiencia Nacional abriera las primeras diligencias por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, un producto opaco al fisco, la instrucción de la causa por fraude fiscal referida al exconseller y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena se ha cerrado y se ha enviado al juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela para que se celebre juicio. Así lo ha acordado la magistrada en una providencia del pasado 8 de octubre. El procedimiento, cuya incoación en Orihuela se produjo en 2005 pese a que el asunto está judicializado desde 1992 en otros órganos, está pendiente ahora de la fecha del juicio y además se ha abierto en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela una pieza separada sobre la responsabilidad civil.

En el auto de apertura de juicio oral notificado el pasado julio se disponía que Cartagena debía depositar una fianza de 600.000 euros para responder de la multa y la indemnización a la Agencia Tributaria por el presunto fraude fiscal. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Cartagena ofreció dos viviendas para cubrir dicha fianza y el juzgado está realizando las averiguaciones oportunas sobre titularidad, cargas y tasación de dichas propiedades. Al mismo tiempo, el juzgado ha acordado recientemente el embargo provisional de 12.000 euros de una cuenta del exconseller, medida que ha sido impugnada por la defensa de Cartagena.

Durante dos décadas, el proceso de las cesiones de crédito, donde se atribuye a Cartagena un presunto fraude fiscal de más de 500.000 euros en 1988, ha ido de un órgano judicial a otro, retrasándose de tal forma que las dilaciones serán, sin duda, un atenuante que presumiblemente reclamará la defensa en caso de que se dicte sentencia condenatoria.

El fiscal, en su escrito de acusación, solicita para Cartagena tres años de prisión y multa de dos millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Según la acusación pública, el exconseller declaró que en el ejercicio de 1988 tuvo unos ingresos de algo más de cuatro millones de pesetas, sin que incluyera 158,5 millones de pesetas correspondientes a un incremento no justificado de patrimonio por el dinero invertido en cesiones de crédito del Santander. Por ello, Hacienda cifra en 83.661.839 pesetas la cuota no ingresada, más de 500.000 euros. Las llamadas «cesiones de nuda propiedad de crédito» fueron ofrecidas por el Banco Santander en 1988 y 1989 como medio de inversión sin que Hacienda tuviera información de los propietarios del dinero. Con este producto la entidad realizó más de 47.000 operaciones con unos 8.000 clientes.

Además de por las cesiones de crédito, el exconseller tiene pendiente el juicio por el presunto fraude fiscal en Metrored por el que la Fiscalía le pide otros 4 años. Cartagena ya fue condenado a 4 años por quedarse 49.000 euros de una donación de unas monjitas,