La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que tiene asignadas las competencias de Función Pública, bloqueó ayer el cambio legal que pretendía introducir el departamento de Hacienda a través de la ley de acompañamiento para poder crear 'comandos especiales' de funcionarios que trabajaran a las órdenes del presidente y los consellers. Un informe de la Dirección General de la Función Pública, realizado in extremis a lo largo de la mañana, fue determinante para dar a la titular de Justicia, Gabriela Bravo, la base jurídica para rechazar una propuesta que ayer generó un nuevo incendio en el Consell bipartito. La propuesta, de la que informó ayer Levante-EMV, ha suscitado, de un lado, el primer desencuentro serio entre los sindicatos y el Ejecutivo de Puig y, de otro, un nuevo conflicto entre conselleries, en este caso entre Justicia y Hacienda.
Tal como contó este diario, el Consell pretendía crear unidades administrativas de apoyo temporal formadas por funcionarios cualificados procedentes de cualquier conselleria o firmas públicas. La iniciativa, amagada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2016, no se había consensuado previamente con los sindicatos y, lo que ha acabado siendo más grave, con el área de Función Pública a pesar de afectar a cuestiones básicas del personal. Diversas fuentes consultadas por este diario confirmaron ayer que el departamento que dirige Vicent Soler ejecutó la idea (al parecer a petición de Presidencia) mediante la modificación de la ley de racionalización del sector público y sin informar a la conselleria que dirige Bravo.
Prueba de ello es, que Función Pública no había emitido informe sobre un articulado que afecta directamente a la estructura de la Administración y a sus empleados públicos. La ley debía aprobarse en el pleno del Consell del jueves, pero sin el informe preceptivo de Función Pública podía ser nula de pleno derecho. De ahí que por la mañana, deprisa y corriendo, los técnicos elaboraron el informe que resultó siendo negativo. Fue la propia Bravo quien informó de la situación a los indignados sindicatos durante la reunión de la Mesa General de Función Pública celebrada ayer y convocada inicialmente para hablar del capítulo 1 de los presupuestos. A la reunión, que se prolongó cerca de cuatro horas, se llegó con un ambiente muy caldeado ya que en el departamento de Bravo muchos se desayunaron con la noticia de Levante-EMV.
En realidad, el primero en dar la voz de la alarma fue Comisiones Obreras en la junta de portavoces previa a la reunión de la Mesa celebrada el lunes. En un comunicado de prensa emitido ese día el sindicatos denunciaba «mala fe en la negociación» y descoordinación en materia de personal entre las conselleries de Hacienda y Justicia. El sindicato hablaba de «tomadura de pelo» ya que en la anterior Mesa (la celebrada el día 5 ) la consellera Bravo había asegurado a los sindicatos que el único punto del anteproyecto de ley que les afectaba era el relativo a la jubilación de los funcionarios.
Aunque CC OO hablaba de «mala fe» negociadora en la nota de prensa, todos los sindicatos admitieron ayer que Hacienda había metido un «gol» en la portería de la conselleria de Bravo y que esta había reconducido el asunto. La propia Bravo confesó a los sindicatos que el cambio legal le había pillado por sorpresa. Hacienda, por su parte, se justificó indicando que la subsecretaría había enviado hace días la ley a su área homologa de Justicia para que informara.
El caso es que ayer se desató la crisis dentro y fuera de una reunión que se prolongó durante cuatro horas y que incluyó varios recesos e intentos de alcanzar un acuerdo. A lo largo de la mañana Soler y Bravo hablaron, pero al final ante la negativa de los sindicatos, la consellera, fiscala en excedencia, convenció a Hacienda y anunció la retirada de los artículos polémicos. Oficialmente, su conselleria justificó la decisión en que no había dado tiempo a la negociación tal como marca la ley.
