28 de octubre de 2015
28.10.2015
Educación

El Consell se persona como acusación particular en la causa de presuntos pagos irregulares a la concertada

El juzgado investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental

28.10.2015 | 19:59

El consejero de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà, ha asegurado este miércoles que su departamento está colaborando con la justicia en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados de la Comunidad y ha agregado que la primera medida en este sentido la tomó él mismo, firmando la autorización a la Abogacía de la Generalitat "para personarse como acusación particular en defensa de los intereses de la Generalitat".

Así lo ha señalado Marzà en el pleno de las Corts Valencianes ante la pregunta de la diputada de Compromís Isaura Navarro, que se ha interesado por las acciones que ha llevado a cabo la Conselleria de Educación para garantizar la total colaboración en esta investigación judicial.

Al respecto, el titular del ramo ha explicado que están cooperando con la justicia "con toda la predisposición" para poner a su alcance "toda la información que demanden", y ha rehusado realizar valoraciones sobre la cuestión, dado que hay un procedimiento judicial abierto.

No obstante, ha incidido: "Lo que queda claro es que, más allá de colaborar de forma totalmente directa con la justicia y habernos personado, haremos todo lo que sea necesario para garantizar que en todas nuestras actuaciones no se produzcan acciones que puedan ser ilegales".

La diputada de Compromís, por su parte, ha criticado que mientras la Intervención realizaba informes en 2013 en los que se advertía de estos pagos "en exceso" a determinados centros concertados, el anterior equipo 'popular' de la Conselleria "no hacía nada" y cuando la coalición presentó la denuncia ante Fiscalía y pidió su colaboración "no remitió toda la documentación que debía".

"Las irregularidades son manifiestas", ha dicho Navarro, que ha criticado que se trata de "liberados pagados como docentes por Educación de forma totalmente ilegal porque el concepto no existe", unos pagos que desde 2008 a 2014 suponen algo más de 2 millones de euros de fondos públicos "que debían haber ido a la educación pública".

"Delincuencia organizada"
Así, ha destacado: "Esto no es libre elección de centros, es delincuencia organizada, malversación, prevaricación, fraude en subvenciones, falsedad documental". Por ello, ha reclamado a Marzà su colaboración para "llegar al fondo del asunto" y mejorar los controles para que algo así no vuelva a pasar más.

El juzgado encargado de este procedimiento investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La causa parte de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes, ya que trabajarían como liberados sindicales para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

En concreto, la coalición indicaba en su denuncia que los pagos mensuales a docentes de centros concertados asumían el abono de las horas correspondientes de los liberados sindicales, en función de la representatividad obtenida en el sector por las respectivas organizaciones sindicales. Añadía que, junto a estos liberados sindicales también se retribuía la nómina de 10 personas bajo el epígrafe 'liberados patronal', lo que supondría "una financiación irregular" de unos 350.000 euros anuales.

El fiscal, tras estudiar esta denuncia y diferente documentación recabada --parte de ellas a las propias patronales de enseñanza-- observó presuntas irregularidades en la actuación con estos liberados, así como en otras vertientes más, con lo que denunció los hechos en el juzgado.

El ministerio público también observó supuestos pagos excesivos por concierto entre los años 2008 y 2014, y la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrando sin ejercer ningún tipo de actividad docente.

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