El caso del «cambiazo» del reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Transparencia ha acabado saltando a las Corts. El grupo popular se ha interesado por este asunto que desató hace unas semanas una crisis entre las conselleries de Justicia y Transparencia y ha exigido oficialmente documentos e informes que podrían poner en un aprieto al Ejecutivo de Ximo Puig.

Tal como ha venido informando este diario, Presidencia de la Generalitat se vio obligada a intervenir para contener al departamento de Gabriela Bravo, que denunció irregularidades en el trámite de aprobación del ROF de Transparencia cuyo texto sufrió una modificación antes de su aprobación en el pleno del Consell y después de haber pasado por la comisión de subsecretarios. En concreto, el departamento que dirige Manuel Alcaraz incorporó un añadido referido a la memoria histórica, una competencia asignada a Justicia.

Función Pública detectó que el ROF publicado no se correspondía con el que esta dirección general había informado y los puso en conocimiento de la consellera, quien en un principio y, según varias fuentes consultadas por este diario, llegó a plantearse la posibilidad de acudir a la fiscalía al entender que podría haberse falsificado un documento. No obstante, Bravo niega haber amagado con ir a los tribunales.

Para el PP este asunto tiene injundia suficiente y exige explicaciones al Consell. De ahí que el diputado popular y exconseller de Justicia, Luis Santamaría, ha presentado una batería de iniciativas. Así, ha solicitado una copia de todos los documentos del ROF de ambas conselleries, tanto los que se examinaron en la reunión de subsecretarios, como los que se llevaron al pleno del Consell. También solicitan el informe que, a petición de Bravo, realizó la Dirección General de Función Pública y en la que supuestamente se certifica el «cambiazo» del documento oficial.

Santamaría, ante la información publicada por este diario, exige conocer todas las gestiones que ha llevado a cabo Presidencia, en concreto, la Dirección de Relaciones con las Corts, para aclarar lo ocurrido. En concreto, el expediente abierto sobre el asunto.

Los populares han registrado también una petición para tener acceso a un supuesto escrito firmado por la consellera Bravo y dirigido a Presidencia en el que denunciaba los hechos. Los populares creen que se trata de un asunto grave que, en todo caso, evidencia la descoordinación y las desavenencias internas en el bipartito.