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Desvinculación

La Generalitat saldrá de la empresa que formó Blasco con Ortiz para edificar 9.634 viviendas

La firma mixta creada en 2004 por el Ivvsa y el empresario alicantino para ejecutar el PAI Gran Manises debe 17 millones a los bancos

Rafael Blasco y Enrique Ortiz.

El nuevo gobierno de la Generalitat ha decidido salir del accionariado de Tarea Promotora Valenciana, la empresa mixta que en 2004 impulsó el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, con el empresario alicantino Enrique Ortiz, para construir 9.634 viviendas en el PAI Nou Manises, además de otros proyectos en Valencia y Alicante. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que desde 2013 asume la actividad del Ivvsa (la firma pública que empleó Blasco para formar sus sociedades mixtas), aprovechará la reducción de capital de la empresa que ha propuesto Ortiz y abandonará esta sociedad de la que aún ostenta el 49 % de las participaciones.

De esta forma, y tal como han destacado fuentes de la conselleria que dirige María José Salvador, el gobierno valenciano se desvincula de una empresa ruinosa „está en preconcurso de acreedores y desde 2012 no paga cuotas ni intereses hipotecarios de préstamos valorados en 17 millones de euros„, y es «consecuente» con su postura contraria al modelo urbanizador que Blasco quiso implantar en la C. Valenciana.

Tal como indicaban ayer las fuentes de la conselleria, entre 2004 y 2006 la Generalitat constituyó a través del Ivvsa 14 sociedades mixtas para desarrollar proyectos en suelo público. Los más importantes eran el Nou Mil·lenni de Catarroja (12.000 viviendas con Llanera de socio) y Gran Manises. De estas 14 sociedades, la mayoría se han ido disolviendo por falta de recursos o la imposibilidad legal de poner en marcha sus planes urbanísticos.

En la actualidad la EIGE únicamente participa con otras empresas en cuatro sociedades: Tarea Promotora (la de Gran Manises), la que forma con el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar el Plan Cabanyal-Canyamelar, Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas (de la que sólo tiene el 5 % de las participaciones) y Desarrollos Urbanos. Esta última es la única en la que es Ivvsa es socio mayoritario (el 51 %) y fue creada también por Blasco para desarrollar planes en Viraròs, el Puig, Vila-real, Massalfassar y Orpesa.

Capital inicial de 600.000 euros

De estos cuatro casos, el único del que la Generalitat quiere desvinculase de momento es el que comparte con Ortiz, mientras que la situación de Desarrollos Urbanos «va a estudiarse», según señalaron las fuentes consultadas. La relación del Consell con Tarea Promotora Valenciana es especialmente sangrante, no sólo por la identidad del socio privado (Ortiz está imputado por varias piezas, entre ellas el caso Brugal y Gürtel) sino por la propia situación de la empresa. Constituida en mayo de 2004 para ejecutar un proyecto de 9.634 viviendas en Manises, nació con un capital de 600.000 euros de los cuales el constructor alicantino aportó el 51 % de las participaciones y el Ivvsa el 49 %.

«Al ceder la mayoría del accionariado al socio privado, impedían que la intervención de la Generalitat fiscalizara las cuentas», señalan técnicos de la conselleria.

El gran proyecto urbanístico de Manises nunca se llevó a cabo y, según las fuentes, hace un par de años que la sociedad mixta está en causa legal de disolución y es totalmente insolvente. Desde 2012 no paga cuotas e intereses de tres préstamos hipotecarios que firmó con Bankia (ahora traspasados al Sareb) por un valor total de 8,6 millones que sirvieron para financiar otros proyectos como la construcción de 130 casas en Alicante. Tampoco hace frente a dos préstamos con Sabadell-Cam, el primero de 4,38 millones para una promoción en el sector APD 23 de Alicante, y otro de 4,11 millones en el Mas del Rosari de Paterna.

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