La profusión de viviendas diseminadas en suelo rústico o protegido en zonas de montaña o de marjal desde la década de los 70 ha llevado de cabeza a la administración autonómica y a los ayuntamientos. Centenares de casas se han levantado en las «marjalerias» de Castelló, Nules y Borriana por falta de control urbanístico. Los consistorios tienen en curso órdenes de derribo contra las mismas por estar en suelo no urbanizable y carecer de las preceptivas dotaciones básicas.
El nuevo Consell quiere dar un giro de 180 grados a las políticas del PP y planea una solución intermedia que conjugue los derechos adquiridos de los propietarios con una ordenación adecuada y sostenible. Una de las circunstancias que impide la adaptación de estas casas a la legislación es la falta de servicios básicos (canalizaciones de aguas residuales, especialmente). Así, por un lado, la Generalitat quiere garantizar la continuidad de las construcciones que se consideran ilegales implicando a los particulares en la financiación de las dotaciones que exige la ley, y por otro, frenar la construcción de nuevas edificaciones, avanzaron fuentes oficiales.
¿Cómo? En el primer caso, pretende flexibilizar la legislación existente. La actual normativa urbanística (Lotup), en vigor desde hace un año, establece un mínimo de tres viviendas por hectárea en las zonas diseminadas para poder ser regularizadas. El Consell considera que este límite no soluciona la situación de las casas con órdenes de derribo y quiere eliminarlo. Ha detectado que muchas viviendas estan más alejadas entre sí y no alcanzan las tres por hectárea.
Pero la pretensión de legalizar las viviendas ilegales no significaría un cheque en blanco para sus titulares. A cambio de la ordenación, la conselleria plantea obligar al propietario a realizar una inversión para desarrollar mejoras que minimicen el impacto de la vivienda en el entorno, tales como alcantarillado en las «marjalerias» o pantallas vegetales en emplazamiento de montaña, según las mismas fuentes. El segundo cambio que planea el ejecutivo pasa por impedir la construcción de nuevas edificaciones ampliando la inspección urbanística y retirando futuras provisiones de suelo urbanizable.
