En la Comunitat Valenciana hay 450.000 personas con algún tipo de discapacidad, pero solo trabajan poco más de 160.000 (en concreto 161.900 según los últimos datos públicados en el INE, que responden a 2013). El mismo estudio publica una tasa de actividad del 37,7 para el colectivo. La ley obliga tanto a la Administración pública como a las empresas privadas a contratar a un mínimo de personas discapacitados. Pero ninguna de las dos cumple. Ni la Administración pública con el cupo del 7% fijado (un 5% para discapacitados físicos y un 2% para intelectuales) ni las empresas (que tengan más de 50 trabajadores) que deberían reservar el 2% de los puestos de trabajo del total de su plantilla a personas discapacitadas y tampoco lo hacen. Es más, en el sector privado los estudios al respecto sitúan este cupo en un 0,98% de contratación real, menos de la mitad de lo que establece la legislación vigente para empresas con más de 50 empleados.
«El trabajo y el consecuente salario es la base para que la persona que sufre algún tipo de discapacidad sea autónoma. Es básico y para nosotros es una prioridad. El colectivo está más que formado, pero eso no se valora», explica el presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunitat Valenciana (Cocemfe), Javier Segura.
Por ello, desde Cocemfe han comenzado una serie de reuniones con los responsables políticos del Consell, de las diputaciones y de diferentes ayuntamientos para realizar una petición clave que cambie, de forma radical, el bajo índice de empleo del colectivo. Se trata, en primera instancia, de «cumplir la ley» para que tanto las empresas privadas como las propias Administraciones cubran las plazas previstas, una asignatura pendiente si se tiene en cuenta que los estudios sitúan esta cifra en el cupo del 0,98% de contratación real en las empresas y que las tres bolsas de empleo de Cocemfe han insertado a 174 personas en 2014 en distintas Administraciones, pero de forma indirecta.
Sin embargo, la lucha para que la igualdad entre los discapacitados y los que no lo son sea real en cuanto a empleo se refiere, desde Cocemfe aseguran que hace falta dar un paso más que implica la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos.
El objetivo es que las Administraciones «prioricen, concedan más puntos o aumenten el baremo de aquellas empresas que cumplen con el cupo de establecido de contratación de personas discapacitadas o lo superen. De la misma manera, aquellas firmas que no lo cumplen con la reserva mínima deberán quedar fuera de la adjudicación».
«La clave está en la Administración. De entrada, si todos los ayuntamiento cumplieran el cupo establecido los datos de desempleo en el colectivo cambiarían de forma radical. Solo en ayuntamientos de más de 35.000 habitantes el cupo de funcionarios es de 250.
La reserva del 7% implicaría 20 puestos de empleo para discapacitados. Y en España hay 8.000 municipios», explica Javier Segura tras recalcar que los discapacitados, además, tiene un valor añadido ya que «hay menos absentismo, sobre todo si se tiene en cuenta lo que cuesta acceder a un puestos de trabajo; y el esfuerzo que realizan en las tareas en mayor por ese mismo motivo».
