Nadia está embarazada de ocho meses y ha sido una de las damnificadas del Real Decreto que excluía a los inmigrantes sin papeles. Aunque la norma estatal dejaba claro que las gestantes serían atendidas, en su caso no fue así. Le pidieron la tarjeta y al no tenerla le negaron el derecho a que la viera un profesional médico. Lo relata el presidente de la Plataforma Intercultural de la C. Valenciana, Eduardo Béjar.
Nadia sufrió la exclusión en dos comunidades autónomas: en Madrid donde residía y donde en primer lugar le negaron el derecho a la asistencia sanitaria y, posteriormente en Valencia, a donde se trasladó para vivir junto a una hermana, concretamente en el centro de salud de la calle Burgos, donde reiteraron que estaba excluida y que si quería ser atendida en la consulta le remitían a su domicilio la factura correspondiente del coste de la asistencia, lo que la llevó a inhibirse.
Fue su hermana Fátima la que se puso en contacto con la Plataforma Intercultural para dar a conocer el caso de la gestante al Observatorio Odusalud que es donde se recogen las incidencias de falta de asistencia.
La intervención de la entidad ante la Administración hizo posible que Nadia accediera a una tarjeta sanitaria con una validez de tres meses. A finales de julio y una vez entró en vigor el decreto ley que extendía la asistencia a todos los inmigrantes, regulares o no, la joven marroquí tiene en su poder un documento sanitario que le da confianza y seguridad a la hora de visitar al obstetra.
Su hermanas Fátima recuerda el susto de la joven embarazada cuando tras negarle primeramente la asistencia en los centros de alud de Madrid y Valencia supo que para mantener vigilado su embarazo tendría que recurrir a un médico privado, lo que le costaba 200 euros, que en su situación no podía costear.
