07 de noviembre de 2015
07.11.2015
Medida

El Jurídico fuerza al Consell a aplazar la eliminación del copago a los discapacitados

Hacienda suprime la medida de la ley de acompañamiento ante el reparo del CJC y la manda a las Corts «de tapadillo» - Montón incluye tres líneas de subvenciones para intentar salvar la iniciativa a partir de enero con los nuevos presupuestos

07.11.2015 | 04:45
El Jurídico fuerza al Consell a aplazar la eliminación del copago a los discapacitados

La supresión del copago farmacéutico y ortoprotésico a los discapacitados, una de las medidas estrella del Consell de izquierda, se ha venido abajo. De momento, los discapacitados seguirán pagando por las medicinas y las prótesis. El Consell, de tapadillo, ha eliminado la medida de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2016 ante la advertencia de inconstitucionalidad del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El pasado 30 de octubre, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, anunció que la ley de medidas incluía la supresión de dos copagos: el de farmacia para los discapacitados y el de los dependientes. El segundo se ha tramitado, pero el primero se ha caído del texto de la ley que ha llegado a las Corts. Eso sí, en silencio.

El diputado del PP, Rubén Ibáñez, lo destapó ayer en el transcurso de la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, sobre los presupuestos en las Corts. El popular inquirió al titular de Hacienda sobre el hecho de que la medida había caído de la ley de acompañamiento. El conseller con la boca pequeña acabó admitiéndolo, aunque no dio más explicación que la de que el texto normativo pasa dos veces por el Consell. Y en la segunda, tras los informes del Jurídico y el CES, se había eliminado. La cara de la portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, retrataba su sorpresa y malestar.

Ante la tesitura de borrar la medida estrella de la norma legal, la Conselleria de Sanidad, que dirige Carmen Montón, ha buscado una solución alternativa. Así, se han incluido tres partidas en los Presupuestos de la Generalitat para 2016 por importe de 35 millones, 6,4 millones y 200.000 euros para salvar la eliminación del copago farmacéutico a través de ayudas directas a los usuarios y que podrían articularse con la mediación de las farmacias. No obstante, este mecanismo, reconocen desde el Consell, deberá regularse a partir del año que viene y de momento todo apunta que el 1 de enero los 80.000 afectados tendrán que seguir pagando.

El jueves en su comparecencia sobre los presupuestos, Montón defendió que los discapacitados no pagarían ni recetas ni prótesis y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, acabó aceptando la fórmula de hacer frente a la anulación del copago vía subvenciones corrientes, y defendiendo la medida ayer en su comparecencia en la comisión de presupuestos de las Corts.

Así y todo, fuentes del Consell mantenían ayer que el propósito de Hacienda era recuperar la medida en el trámite parlamentario. La única vía sería a través de una enmienda de los grupos, ya que no está sometida al dictamen del Jurídic y permitiría sacar adelante el proyecto.

Informe tajante
Con todo, el informe del órgano consultivo es muy tajante respecto la falta de cobertura legal de una iniciativa que podría acabar en los tribunales, como ha ocurrido con la sanidad para los inmigrantes. De hecho, figura como observación esencial.

Tras analizar varias normas, el CJC concluye que no «es posible que la Generalitat introduzca un régimen de financiación o cobertura de prestaciones particular de la C. Valenciana diferente del establecido en la normativa del Estado».

Reconoce que la medida en favor de las personas discapacitadas «constituye una medida de extraordinaria importancia social, positiva y conveniente», pero «infringe la legislación básica del Estado en esta materia, siendo difícil su encaje en el concepto de cartera de servicios complementarios de la Generalitat».

El órgano consultivo intenta hacer ver al Consell las consecuencias de seguir adelante con esta iniciativa: «Generará en el colectivo de personas afectadas unas expectativas que, probablemente, van a resultar truncadas como consecuencia de un eventual recurso de inconstitucionalidad por parte de la Administración del Estado, con la consiguiente suspensión de la norma autonómica». Además existe un antecedente, según recoge el informe jurídico. El País Vasco aprobó un decreto similar sobre este copago que fue recurrido ante el Constitucional.

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