El vaticinio del Consell Jurídic Consultiu sobre un eventual recurso ante los tribunales tiene base. Esta semana el TC ha suspendido la norma por la cual la Generalitat regulaba la atención sanitaria para los inmigrantes después de que el Estado interpusiera un recurso de constitucionalidad. El Consell, con todo, ha plantado cara y ha ordenado a los centros de salud que sigan dando las tarjetas sanitarias y la prestación. La vicepresidenta Oltra anunció ayer que la Abogacía está preparando un recurso contra la suspensión cautelar. «En defensa de la solidaridad continuaremos velando para que nadie quede desatendido, especialmente los colectivos más vulnerables, porque es una cuestión de salud pública», dijo Oltra.
La eliminación del copago de farmacia a los discapacitados estaba incluido en Estatuto de las Personas de Discapacidad. «Se garantizaba la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas, a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía del 65%».
Estas prestaciones estaban cubiertas hasta la aprobación del decreto ley de 2012 del Gobierno de Rajoy sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
