El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSPV), ha encontrado un aliado inesperado en el camino emprendido para transferir a la Generalitat parte de los servicios prestados que, sobre el papel, no se corresponden con el régimen de competencias de la institución provincial. Frente a las reticencias que de entrada ha despertado la medida en la administración autonómica por la escasez de recursos en la caja para asumir más gastos, el PP de la diputación se muestra partidario de abrir un proceso consensuado entre partidos y sindicatos con vistas a la «redefinición y reordenación» de las competencias «impropias» en el ámbito de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El grupo popular registró una moción el viernes tras publicar Levante-EMV los planes de Rodríguez. El escrito apela a la Ley de Racionalización para advertir sobre la necesidad de transferir las citadas atribuciones a la Generalitat. La reforma supedita el traspaso a las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica, pendientes de ser aprobadas por el Gobierno. «Las competencias que no son propias las tiene que asumir quien corresponda», coincide la portavoz del PP, Carmen Contelles, que pone como el ejemplo la cesión de la gestión del Teatro Principal en el pasado.
La moción insta al presidente a clarificar sus intenciones y a negociar la cesión de servicios «con responsabilidad» para no crear inseguridad entre los empleados. El documento comienza arremetiendo con dureza contra Rodríguez por mostrarse partidario públicamente de la supresión de las diputaciones. Desde el gobierno de la institución provincial insisten en separar el futuro de la entidad „que depende de una reforma de la Constitución„de la voluntad de ceder ciertas atribuciones. La idea, remarca un portavoz, no es vaciar de contenido el organismo porque sí, sino racionalizar los servicios que se prestan, evitar duplicidades y redoblar esfuerzos y recursos para orientarlos en exclusiva a atender las necesidades de los municipios, la verdadera razón de ser del organismo. En esta máxima coinciden todos los partidos en el seno de la institución y gran parte de los alcaldes surgidos de las urnas el 24M.
En el catálogo de competencias cuya transferencia está examinándose se incluyen el colegio de infantil, primaria y secundaria IVAF-Lluis Fortich „preferente para alumnos deficientes auditivos„ así como el Museo Valenciano de la Ilustración (Muvim) y los de Prehistoria y Etnología, además del Hospital Psiquiátrico de Bétera o las escuelas de capataces de Catarroja y Requena o la red de educación permanente de adultos un centro ocupacional para discapacitados en la Misericórdia. En cualquier caso, la cesión se prevé a largo plazo y tras un periodo de negociación que primará el consenso: está descartada en 2016.
Negociaciones abiertas
Contelles asegura que el PP «siempre ha estado de acuerdo» en el traspaso de las competencias impropias, aunque se muestra crítica con la forma de la diputación de gestionar el proceso. «No puede ser que nosotros y los trabajadores nos enteremos por la prensa», señala. La información publicada por este diario provocó el viernes un terremoto en los centros afectados, ante el temor de la plantilla a los cambios proyectados. Los sindicatos solicitaron ese mismo día una reunión con el presidente de la diputación para conocer de cerca sus planes. Los responsables de la entidad provincial tranquilizaron a los empleados sobre su futuro.
La portavoz popular aboga por la creación de una comisión en la que estén representados los partidos y los propios sindicatos con vistas a diseñar «un catálogo de servicios» que permita planificar el proceso «desde el diálogo». Al mismo tiempo, Contelles afea al Consell la resistencia a asumir servicios de la diputación después de las promesas manifestadas en ese sentido. Aunque el gobierno autonómico ha expresado su voluntad de negociar el traspaso de competencias de las instituciones provinciales para evitar que se solapen con las atribuciones propias, estos planes chocan con una realidad económica nefasta. La solución podría estar ligada, una vez más, a la ansiada reforma de la financiación.
