La memoria elaborada por el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía General del Estado, el valenciano Antonio Vercher, reivindica el mantenimiento de los agentes forestales y medioambientales como policía medioambiental con plenos poderes para denunciar y colaborar con la Fiscalía y los jueces sin las limitaciones crecientes a esta función en las CC.AA., de las que dependen los agentes, y las impuestas por la nueva redacción de la ley de Montes.
Una sentencia del Tribunal Supremo ha reforzado este papel «policial» de los agentes forestales y medioambientales al anular parte del articulado de una ley dictada por la Comunidad de Madrid, que impedía a los agentes el acceso a fincas privadas sin autorización judicial a no ser que el motivo fuera la aparición de un incendio forestal.
El alto tribunal entiende que no se puede legislar «en contra del interés general de la protección y conservación de los ecosistemas forestales» y devuelve a los agentes la facultad para entrar en fincas privadas en defensa de la protección y conservación de los ecosistemas forestales.
Previamente, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, recogía en su memoria las opiniones de algunas fiscalías provinciales como la de Alicante en favor de la función desarrollada por los agentes, resaltando «su importante labor en la investigación de incendios forestales y delitos sobre la ordenación del territorio».
El informe recuerda también que la memoria de la Fiscalía de Valencia es «rotunda» en lo que se refiere a una posible modificación del estatuto de estos agentes como el contemplado en la Ley de Montes.
El texto de la ley finalmente aprobado mantiene la condición de «agente de la autoridad» a los guardas forestales y medioambientales en su condición de funcionarios, aunque introduce ligeras modificaciones que en opinión de UGT y de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma) solo añaden «confusión» y en la práctica pueden suponer una «limitación» a las funciones que tradicionalmente han desarrollado estos agentes, cuya plantilla en la Comunitat Valenciana supera las 260 personas.
Javier Redomero, de FSP-UGT, manifestó ayer que pese a la sentencia y a algunos avances es necesario reconocer la «independencia profesional del colectivo sin cortapisas» y reivindicó el reconocimiento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat mediante una nueva ley del Consell.
