El Consell ha informado favorablemente, a propuesta del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, sobre una proposición de ley de Compromís para regular el régimen de incompatibilidades de altos cargos que puede suponer una auténtico terremoto. La propuesta quiere dar cerrojazo a las puertas giratorias y somete a altos cargos y, por primera vez a asesores y altos funcionarios, a un estricto régimen de incompatibilidades.
La iniciativa, que ya ha levantado ampollas en algunos ámbitos del Consell, ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, ya que la ley afectaría a empleados públicos. La tormenta se desató ayer en la reunión de la mesa sectorial de Función Pública reunida para abordar asuntos de la oferta de empleo público. Allí mismo, la Federación de Servicios Públicos de la UGT pidió explicaciones a los responsables del ejecutivo sobre el texto al considerar una «barbaridad» que los funcionarios tengan que airear su patrimonio y dar cuenta de sus actividades. El sindicato alegó que los funcionarios tienen ya un régimen disciplinario y adelantó su oposición frontal a esta regulación.
La gran novedad de la propuesta de ley valenciana de incompatibilidades y conflicto de intereses de personas con cargo público es que va más allá del gobierno de la Generalitat „ el presidente y los consellers, hasta secretarios autonómicos y directores generales„ al incluir por primera vez a funcionarios públicos.
Así hace extensiva las incompatibilidades a no sólo los funcionarios que ocupan cargos de libre designación „jefes de servicio, subsecretarios o jefes de área, entre ellos „ sino también a altos funcionarios de la Administración autonómica y local «que perciban retribuciones superiores al nivel de complemento de destino 26». Es decir, todos aquellos empleados públicos del subgrupo A1 que se encuentren entre los tres niveles retributivos del 27 al 30, los más elevados de la función pública.
Además, también afectará a los asesores o personal eventual de libre designación, a la cúpula de las empresas públicas de la Generalitat (presidencia, director general, gerente) o de cualquier entidad «con más de un 30 % de capital público».
La AVL y el CVC, también
Tampoco escaparán a las incompatibilidades «las personas elegidas para ser miembros de las instituciones estatutarias», que son cinco: el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Jurídic Consultiu, la Sindictura de Comptes y la de Greuges, así como el Comité Económico y Social.
La nueva normativa contempla crear el Registro Valenciano por la Ética en el Ejercicio de Cargo Público, entre cuyas funciones está el «dictaminar sobre la compatibilidad entre las actividades, patrimonio y bienes y el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público con la obligación de declarar», además de incoar y ejecutar las sanciones disciplinarias previstas.
Todos los afectados por la futura ley valenciana de incompatibilidades, altos funcionarios incluidos, deberán presentar ante el citado registro «una declaración de actividades, bienes y patrimonio» con el objetivo de someterse a esta normativa. Tras su cese en el cargo público, y «durante un periodo de cinco años» también tendrán que aportar «declaración detallada sobre todas las actividades que realizan, sus bienes y su patrimonio».
