La retirada en masa de funcionarios que se jubilan en esta legislatura será contestada por la Generalitat con una oferta pública de empleo voluminosa para su Administración general, donde el 40 % de los trabajadores supera los 53 años y hay 1.238 empleados públicos cuya jubilación está prevista entre 2015 y 2018. La Diputación de Valencia, en cambio, aprovechará las jubilaciones para adelgazar la plantilla en aquellos servicios impropios que pretende traspasar a la Generalitat para hacer menos costosa esa transferencia de competencias. Son dos vías distintas (sustitución y racionalización) con las que las Administraciones afrontan este desafío laboral marcado por el envejecimiento de las plantillas.
Tras años de sequía por restricciones legales y presupuestarias, el Consell tiene intención de convocar más de 600 plazas públicas a finales del año que viene para ocupar otros tantos puestos de trabajo en la Función Pública valenciana, según avanzó ayer a Levante-EMV Ferran Puchades, secretario autonómico de Administración Pública. Esas plazas irán destinadas mayoritariamente a las categorías C1 y C2, que sólo exigen el título de bachillerato. Los exámenes se celebrarían a principios de 2017. Aún falta la negociación con los sindicatos.
Un día después de anunciar que durante el primer semestre de 2016 se convocarán oposiciones para 262 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015 (que viene con retraso), ahora la Generalitat avanza que para la siguiente anualidad tiene previsto «triplicar» esa oferta. «Queremos lanzar en estos cuatro años una oferta pública de empleo potente que exprima al máximo la tasa de reposición que permita el Gobierno central», añadió Puchades.
Puchades recalca que la Generalitat no aprovechará las jubilaciones para suprimir puestos de trabajo. «No contemplamos amortizaciones masivas porque somos una de las administraciones con menos índice de funcionarios», esgrime. Todo lo contrario. La Generalitat, subraya el secretario autonómico de Administración Pública, quiere aprovechar las jubilaciones para afrontar tres retos. Primero, «rejuvenecer la Administración con nuevas remesas de gente joven» que ayuden a invertir la pirámide poblacional de la Generalitat, que muestra una edad «muy preocupante». Segundo, «reducir el porcentaje de interinidad» de la Administración General de la Generalitat, que roza una tercera parte de todos los trabajadores. Y tercero, «lanzar un mensaje de esperanza a los parados que quieran hacer carrera de opositor» para que sepan con antelación cuándo van a salir oposiciones, en qué categorías y cuántas oportunidades tendrán.
La vía de la reorganización
La diputación que preside Jorge Rodríguez encara el aluvión de jubilaciones como una forma de «reorganizar mejor la plantilla», en palabras de un portavoz. Su finalidad es «facilitar la absorción de los servicios que la corporación quiere traspasar a la Generalitat para que esa mochila sea menos pesada» y no incluya salarios de personal. Se trata, aprovechando la marcha de 206 trabajadores en cinco años (el 16,5 % de la diputación), de recolocar al personal en los servicios y tareas que prioriza la institución provincial y vaciar de trabajadores las competencias que quiere ceder.
